El titular de la comisión de Juicio Político de la Legislatura sostuvo, en alusión al fallo que absolvió a los acusados en el caso Verón, que es “una situación escandalosa que va a generar una rápida reacción” en la Cámara.
"Cuando una sentencia judicial produce una conmoción pública de esta naturaleza estamos en presencia de algo que obviamente tiene un alto impacto político que desembocará en un inminente juicio político", sostuvo Terán sobre las consecuencias del caso, que puso en el ojo de la tormenta a los miembros de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.
El parlamentario alperovista dijo desconocer el momento en el cual se presentará el pedido de juicio político, que cuenta con el visto bueno del gobernador José Alperovich, aunque reconoció que "estamos frente a una situación fuertemente escandalosa que va a generar una rápida reacción de todos los estamentos políticos". En este sentido, aseguró que en la comisión de Juicio Político que él preside "habrá el máximo de celeridad posible dentro de los tiempos legales" a la hora de analizar el planteo, que será presentado antes de fin de año por la defensa de Susana Trimarco, la madre de Marita, según se adelantó. "Entendemos que la gravedad del hecho amerita por parte de los legisladores el máximo de diligencia porque la ciudadanía está esperando una respuesta frente a la situación de escándalo que se ha producido", opinó Terán.
Si la Comisión de Juicio Político procede a formular la acusación con los dos tercios de los votos de sus miembros, el caso se elevará al Jury de Enjuiciamiento, conforme a lo establecido por la Constitución reformada en 2006. Ese último órgano, encargado de analizar y sancionar la conducta de los jueces inferiores (incluye a camaristas, jueces de primera instancia y fiscales) está compuesto por representantes de los tres poderes del Estado: cinco legisladores (cuatro oficialistas y un opositor), un integrante del Ejecutivo, otro de la Corte Suprema de Justicia y un representante de los abogados.
En esta instancia, también se requieren los dos tercios de los votos para destituir del cargo a los tres magistrados que firmaron la absolución de los acusados por la desaparición de Marita, quien habría caído en manos de una red de trata de personas.
Si bien la Comisión de Juicio Político sólo define planteos de destitución contra el gobernador, el vice, los vocales de la Corte y el ministro fiscal del Superior Tribunal, también tiene un papel fundamental en este proceso. "Llegada esta instancia, la Comisión de Juicio Político oficiará de fiscal y haría de acusadora, mientras que el organismo juzgador sería el Jury de Enjuiciamiento", explicó Terán sobre el procedimiento a seguir. Una vez que se concrete la presentación, explicó Terán, el Parlamento "debe proceder a notificar a esa persona para que rectifique, ratifique o amplíe su denuncia". Luego de este paso se resuelve si se archiva el expediente o se corre traslado a la otra parte, y en caso que ocurra esto último, los tres jueces cuestionados tendrán 15 días hábiles para elaborar un descargo.
"Una vez que lo formulan, la comisión resuelve si se acusa o no, y en caso de ser afirmativa la resolución, comienza a funcionar el Jury de Enjuiciamiento", indicó el legislador.
Piedrabuena: “No pienso renunciar”
Piedrabuena, presidente del Tribunal que absolvió a los imputados en el caso Verón, dijo que está "tranquilo con la decisión tomada". "No pasa por mi cabeza, para nada", respondió Piedrabuena cuando Télam le preguntó si renunciar era una alternativa para evitar el Jury de Enjuiciamiento. "Si tengo que responder y dar cuentas de mis actos y mi conducta ante quienes lo requieran, así será", expresó el magistrado, muy criticado por diferentes sectores sociales y políticos.
Pese a todo, Piedrabuena insistió ayer en justificar el fallo y afirmó: "Estoy tranquilo con la decisión tomada porque no puedo ejercer la magistratura con el derecho en la mano y después hacer otra cosa". "Nosotros actuamos con la plena convicción, como lo tiene que hacer y lo hace todo juez cuando define un conflicto: plenamente convencidos de que actuamos a derecho y sacamos una decisión justa, pero esta podrá ser examinada y modificada o revocada en otra instancia", argumentó.
Sobre la denuncia que habrían recibido dinero para dejar sin condena a los acusados, el magistrado señaló que "esto está hecho dentro del marco de la libertad de expresión que tiene todo el mundo". "Pueden decir absolutamente cualquier cosa y si además se tiene lo necesario para hacer estas denuncias y comprobarlas, tendré que presentarme a asumir y dar las explicaciones a los requerimientos que me hagan", sostuvo. "Sabíamos que la gente esperaba personas condenadas y encarceladas, pero nosotros no encontramos las pruebas necesarias para que eso suceda", concluyó.
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