Al presentar el informe anual del Comité de Prevención de la Tortura, el presidente del organismo apuntó la existencia de “serias falencias” y la necesidad de “un profundo cambio”, ya que “no cumple con la función de readaptación social”.
El presidente del comité, Mario Bosch, observó que “hay situaciones muy diversas pero el diagnóstico general es que se está frente a un sistema colapsado y con serias falencias”, y afirmó que “se necesita un profundo cambio en el sistema penitenciario, no entendiéndolo a partir de la concepción de cárcel cerrada como instrumento de la política de seguridad que realmente no cumple con los fines constitucionales de la pena, sino la transformación en un verdadero servicio de readaptación social que es lo que debería ser el servicio penitenciario”.
Asimismo, Bosch remarcó que “hay que hacer hincapié en la diversidad de las situaciones”, y precisó: “Tenemos el caso de las alcaidías de Resistencia y Villa Ángela, que son lugares realmente paupérrimos en lo que hace a condiciones de detención, y tenemos otros penales, como el de Sáenz Peña, que es más nuevo y está mucho mejor en materia de infraestructura, pero que tiene muchísimos problemas de régimen, y hay penales que están en una situación mucho mejor como es el caso de Charata y Castelli”.
“Los temas urgentes son muchos, en primer lugar, en casi todas las unidades hay sobrepoblación, hay hacinamiento, hay condiciones sanitarias deplorables y en muchas de ellas también hay problemas de convivencia, cuestiones que tienen que ver con el trato de las personas privadas de su libertad, también hay problemas de falta de salida laboral a fin de resocializar a las personas privadas de su libertad, que nosotros consideramos clave porque influye directamente en los índices posteriores de reincidencia”, expuso Bosch, quien estuvo acompañado por los demás integrantes del Comité, como las diputadas Nancy Gersel y Elba Altamiranda; el secretario de Derechos Humanos, José Luis Valenzuela; el fiscal en Derechos Humanos, Francisco Turraca; y Benedicta Juana Ortíz de Penayo, Bonifacio Saúl Rodríguez, y Juan César Penchasky.
Finalmente, Bosch destacó que “hay planes que se están comenzando a instrumentar y así como somos muy críticos en muchas cosas también vemos como positivo que desde la reciente creación de lo que es la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios se están comenzando a instrumentar planes de trabajo para personas privadas de su libertad como también para personas que están en situación de pre-egreso o de libertad condicional, a fin de que estos individuos realmente puedan recuperarse para sí mismos y recuperarse para la sociedad”.
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