Mediante la norma, sancionada en diciembre y publicada durante enero en el Boletín Oficial, las empresas adjudicatarias de obras públicas pueden firmar un convenio con el Estado a los efectos de reformular las fechas de inicio, de plazos de ejecución de obra y de plan de trabajos, atento a la demora del Gobierno nacional en remitir los fondos.

Esencialmente, el sistema permite diferir entre 45 días corridos y hasta un 25% del plazo original, como máximo, los tiempos que figuraban en el contrato inicial. Además, el Estado exime a las empresas de las penalidades por paralizaciones de obras o por incumplimientos en los tiempos de construcción previstos. No obstante, las contratistas que decidan rubricar los acuerdos de prórroga deben expresamente renunciar "a los reclamos administrativos y/o judiciales que, por cualquier concepto, les pudiera corresponder por incumplimientos de plazos o adecuaciones de proyectos acordados con anterioridad a la ley".