El fallo corresponde a una causa vinculada al 5% de la masa salarial que pagan las empresas y que la Federación, luego de haberlo percibido durante muchos años, no envió al Sindicato.
Al dialogar con este medio, Rigane señaló que "se trata de una demanda civil y comercial por 50 millones de pesos que nuestro gremio, a raíz del pronunciamiento de los jueces Nélida Zampini y Ramiro Rosales Cuello, ganó en segunda instancia y que la Federación recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires". Añadió: "El fallo deja claramente establecido varias cosas; una es que, en lo que tiene que ver con acordar convenios colectivos de trabajo, las organizaciones de primer grado que cuentan con personería gremial tienen todas las facultades que establece la ley de Asociaciones Profesionales; la segunda es que la Federación no puede actuar en el ámbito de un gremio que no está afiliado a ella (lo expulsaron en 1992); la tercera es que todo derecho económico, una vez que está acordado por una asamblea democrática de trabajadores, pasa a ser de éstos y deja de pertenecer a la estructura de la organización sindical; en consecuencia, al haberse quedado durante muchos años con el 5% de la masa salarial que aportaron las empresas, la Federación, apropiándose de algo que no le pertenecía, avasalló sus derechos".
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Posteriormente, Rigane sostuvo que "quiero aclarar que se llegó a la Justicia en virtud de que el Secretariado de la Federación, a pesar de haber recibido un mandato del Congreso para que nos pague, no lo hizo; todas las tratativas que se hicieron para llegar a un acuerdo resultaron infructuosas", señaló
Godoy, por su parte, explicó que "el 5% es una contribución que la patronal hace sobre la masa salarial que paga, la cual debe ser asignada a turismo (colonia de vacaciones), a planes de vivienda y a un régimen de becas para los hijos de los afiliados; es una especie de salario indirecto que, en el caso de Mar del Plata, le corresponde administrar al Sindicato ya que, como está expulsado de la Federación, no recibe aquellos beneficios".
Finalmente señaló que "a raíz de un embargo que hicimos, desde enero de 2008 las empresas de nuestra jurisdicción territorial, en lugar de pagarle a la Fatlyf, están depositando el dinero en una cuenta judicial".-

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