La decisión política, avalada por el intendente, Domingo Amaya y por los concejales del PJ, obedece a la proximidad de las elecciones legislativas. El oficialismo entiende que no hay necesidad de poner sobre la mesa una discusión que puede llegar a dejar heridos y varias secuelas. Eluden marcar la rigidez del gasto público para saborear la flexibilidad en el manejo de los fondos en tiempos de elecciones.

El proyecto con las partidas de gastos se presentó hace seis meses (octubre de 2008). Los números globales no cambiaron en relación con el presupuesto del año pasado. El problema aparece en el mayor flujo de fondos para gastos discrecionales, porque la intendencia infló esas partidas a $ 25 millones en bienes y servicios no personales, cuando en 2008 era de $ 19 millones (31% más). En cambio el Concejo Deliberante mantendría un gasto de $ 2 millones. Los oficialistas pretenden "renegociar" esas cifras en beneficio propio, pero son conscientes de que la oposición aprovechará esa disputa para explotar las críticas a la gestión.

En el Derecho se reconoce el acuerdo tácito entre privados. Pero en este caso, se está frente al manejo de los fondos públicos, lo que transforma en alarmante la postergación del debate.

El mutismo de la dirigencia sobre qué partidas tendrá en un año electoral y cómo administrará ese dinero público remite al principio de la "omertá", lo que se entiende como la obstinación al silencio sospechoso.