Los casi 400 chicos de la comunidad Lapachos II siguen en la incertidumbre y en la espera. Antes, tomaban clases en espacios muy reducidos y sin las comodidades mínimas; hace unas semanas empezaron a ver la construcción de nuevas aulas pero, a poco de andar, el movimiento de obreros se detuvo. La constructora no les pagó y ellos dejaron de trabajar, mientras esperan cobrar salarios adeudados.

El viernes pasado, cuando la Dirección de Trabajo suspendió la obra, la empresa se comprometió a regularizar todos los sueldos pero nuevamente solo les dieron un anticipo.

Se desmorona con ello la esperanza de la comunidad, ubicada a 2 kilómetros de la ciudad de Tartagal, sobre la ruta nacional 86, adonde concurren chicos de diversas etnias y criollos. No tendrán el edificio escolar con las mejoras prometidas, por lo menos en los próximos 180 días, tal como lo indicaba el plazo original de ejecución.

El lugar se hizo conocido el verano pasado cuando se produjo la muerte de niños de familias que habitan en allí, quienes, víctimas de la desnutrición, no soportaron la diarrea propia de la época, potenciada por falta de agua segura y de otros servicios básicos, como cloacas.

Hasta hace algunos años esta comunidad contaba con un anexo que dependía de la Escuela Mariano de Echazú, ubicada a un costado de la ruta nacional 34, pero las familias insistieron hasta lograr una escuela propia. Consiguieron el edificio, pero con un nivel de deterioro tal que no admite justificación. Se llueven todas las aulas y los sanitarios están destrozados, pero, además, es insuficiente para albergar la cantidad de niños de Lapacho II. Son unos 300 los inscriptos y, según relatan los padres, hay otros 60 en listas de espera que no pudieron estudiar este año por falta de aulas.

Precariedad laboral

Reiteradas denuncias del delegado zonal de la Uocra por la precariedad con la que trabajan los obreros, la falta de ropa y hasta de herramientas indispensables para realizar los trabajos, son algunas de las principales causas por las cuales la Dirección Provincial de Trabajo clausuró una obra adjudicada hace menos de tres meses por la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia.

Como sucede habitualmente en el interior, o por lo menos en el norte, fue una empresa de la capital provincial la favorecida con la obra de ampliación de la escuela de la comunidad Lapacho II, con un presupuesto que ronda los $650.000. Se trata de Jorge Sola Construcciones y, como también suele ocurrir en estos casos, la empresa dejó unos 14 trabajadores sin cobrar sus haberes, adeudándoles a cada uno de ellos sumas que rondan los 5.000 pesos.

En estos días los aborígenes de la comunidad de Lapacho II creen que el remedio resultó peor que la enfermedad: con la suspensión de los trabajos los obreros no pudieron percibir sus haberes, perdieron su fuente de empleo y la comunidad no contará con la ampliación de la escuela, al menos en el plazo establecido en la adjudicación de esta obra, por la que vienen luchando desde hace años.

Fueron necesarias tomas del edificio y hasta dos cortes en la ruta nacional 86 para que el Gobierno provincial decidiera finalmente llamar a licitación y adjudicar la obra de ampliación de la escuela, en abril, para desafectar definitivamente “el anexo” que sigue funcionando, ya que allí toman clases diariamente 60 niños de los grados inferiores.

El lugar presenta una condición de precariedad absoluta, no tiene agua ni sanitarios, por lo que los nenes más chiquitos, para ir al baño o lavarse las manos, deben cruzar la calle hacia el edificio de la escuela.

Cuatro aulas

Por las condiciones deplorables del anexo y por la falta de lugar físico para poder albergar a todos los chicos de la comunidad, los aborígenes celebraron que después de tantas manifestaciones se iniciara la obra de ampliación y, para más alegría, se contratara a obreros de la propia comunidad en la ejecución de los trabajos que debían extenderse por 6 meses. La constructora que se adjudicó la obra luego de la licitación realizada por la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia debía construir 4 aulas y los sanitarios. Los trabajos comenzaron en el mes de abril y con ellos los problemas. Los empleados, todos en negro, sin provisión de ropa, elementos de seguridad y ni siquiera de herramientas, denunciaron la situación, por lo que el viernes anterior la Dirección Provincial de Trabajo suspendió la obra.

Las obras

La obra se inició el 5 de abril. Para exigir su conclusión la comunidad realizó varias medidas de fuerza, entre ellas 2 cortes de ruta la 86.

La totalidad del personal - perteneciente a la comunidad- está en negro. Además, les adeudan salarios de meses atrasados. La comunidad también reclama la regularización del personal y la continuidad en los trabajos.

Alejandra Morales confirmó su viaje a Buenos Aires para solicitar a algún organismo estatal que dé soluciones a la situación.