Estevao expresó que la medida judicial les imposibilita a los constructores del barrio cerrado instalado en 100 hectáreas ubicadas en Don Bosco, en el límite con la vecina localidad de Avellaneda, la extracción o movimientos de suelo, como así también una laguna artificial.

En la misma reunión, un vecino de Villa Alcira, denunció que la tosquera pegada a la Autopista La Plata-Buenos Aires, se ha transformado en un dique que el barrio cerrado estaría utilizando para regular la altura de las lagunas artificiales de la nueva urbanización. Según precisó ayer este frentista bernalense, el Municipio de Avellaneda con la obra que está realizando a la vera de la Autopista cerró el drenaje que tenía la tosquera a los pluviales, y por la calle Lomas de Zamora, Quilmes también cerró el otro drenaje existente; motivo por el cual, el espejo de agua se ha transformado en un dique de contención que podría colapsar en cualquier momento y generar problemas de inundación sobre todo en la zona de Quilmes donde la contención aparece como más débil.

Al respecto, el ombudsman pidió precisiones y fotografías para presentar un escrito en la Justicia. También solicitó que los vecinos juntaran firmas para presentar en la causa que se instruye en la Justicia Federal, ya que los abogados del emprendimiento cuestionaron a través de un escrito recientemente, la legitimidad del presidente de la Sociedad de Fomento Villa Alcira, Pascual D’Arpino y al ambientalista Enrique Biffano. En este sentido, exhibieron un listado de 84 vecinos de la zona a favor del barrio privado. De todos modos, Estevao adelantó que ayer en la Defensoría del Pueblo, un grupo de vecinos autoconvocados presentaron 94 firmas en contra del emprendimiento privado. Cabe mencionar que Villa Alcira cuenta con 800 frentes.

El Defensor del Pueblo encabezó la reunión acompañado por los defensores adjuntos Jorge Márquez, Claudio Caro y el secretario de la Defensoría, Marcelo Cejas. Su intención fue interiorizar a la gente del barrio en cuanto a la evolución de la investigación que se lleva adelante en la Justicia Federal a partir de las denuncias presentadas por la Defensoría del Pueblo de Quilmes. Según se explicó la fiscal federal del Juzgado quilmeño, Silvia Cavallo, investiga a los dueños del barrio cerrado y a los funcionarios que debieron controlar dicho proyecto ante la sospecha de la posible violación de la Ley de tratamiento de residuos peligrosos y sus posibles derivaciones afectando al medio ambiente.

Estevao, en su extensa presentación, explicó detalladamente cada uno de los hechos que fueron ocurriendo desde que la Defensoría presentó la denuncia pública hace unos seis meses atrás. El defensor tampoco se privó de criticar a los funcionarios involucrados, entre ellos a la Ministra de Obras Públicas de la Provincia, Cristina Alvarez Rodríguez a quien cuestionó porque otorgó la factibilidad a la obra pero en el texto de la autorización responsabilizó a los propietarios del proyecto ante cualquier posible inundación que pudiera desencadenarse en el futuro.