Tal como se había adelantado ayer, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó ayer por mayoría simple el nuevo Código de Convivencia Ciudadana que entrará en vigencia el 1 de abril de 2016.

Ayer, el concejal Lucas Cavallo (UCR) presidente de la comisión de Legislación General, señaló que esta ordenanza que establece “pautas de convivencia”, regula “las problemáticas actuales de los vecinos, desalentando conductas que puedan poner en riesgo la vida de los demás. Es una norma que satisface las expectativas en esta materia, que regula otros aspectos que antes no estaban regulados en el Código de Faltas que tienen que ver con el Medio Ambiente, el Derecho al Consumidor, salubridad, venta de fármacos, y se debatió durante muchos meses en el seno de la comisión”.

Desde la oposición tanto los concejales Vera Barros (bloque Eva Duarte), como Héctor Campana (UPC) y Esteban Dómina (Compromiso Ciudadano) justificaron sus negativas a acompañar con el voto este nuevo código, enfatizando la necesidad de seguir debatiendo su articulado para sancionar una ordenanza con el mayor consenso.

Desde el bloque Eva Duarte se difundió ayer un comunicado en el que el edil Oscar Vera Barros reitera que “en muchos aspectos, viola garantías constitucionales”, además de que “muchos artículos son inaplicables por serios defectos jurídicos”. En esa línea, Vera Barros sostuvo que “hay artículos que sancionan conductas que con exclusividad son castigadas por leyes provinciales o nacionales. Ello conduce a que se viole el principio constitucional que prohíbe perseguir o castigar dos veces la misma conducta”.

“No es un verdadero Código de Convivencia sino un Código de Faltas de tipo autoritario”, finalizó el concejal del bloque Eva Duarte.

Cuestionamientos

No fueron los únicos en cuestionarlo.

Desde el Frente Organizado contra el Código de Faltas (Foccof), afirmaron ayer que el proyecto aprobado se trata de un “código que utiliza herramientas legales de control en función de los intereses económicos del Ejecutivo Municipal. Y que avanza criminalizando a los trabajadores, como feriantes y carreros. También criminaliza, sanciona y reprime la protesta social”, Al mismo tiempo, repudiaron “el avance de un sistema represivo que avanza sobre nuestros derechos criminalizando trabajadores y a los que luchan”.

También desde Artesanos Unidos, Andrea Bressino cuestionó que mediante el artículo 247 sólo se permite el trabajo artesanal “en lugares habilitados”. “De lunes a viernes no hay lugares habilitados para que podamos ejercer nuestro oficio. Se nos criminaliza y sanciona”, expresó Bressino ayer en diálogo con Radio Nacional.

En tanto, la Fundación Sin Estribo, que trabajó en torno a la propuesta de erradicar la tracción a sangre en la ciudad, explicaron desde su página de Facebook que “el mestrismo ha cerrado con los carreros, ha negociado la vida y el respeto por unos miserables votos. El Código de Convivencia pretende permitir que los carros lleven escombros. Esto es la muerte para el animal”.