Los reclamos por problemas en la utilización de los servicios públicos ocupan el primer lugar en la lista de presentaciones ante la Defensoría del Pueblo en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2012 y febrero de este año. Desplazaron a los reclamos por salud y la seguridad social que en otros años ocuparon los primeros lugares.

Así se desprende del informe anual que elaboró el Defensor del Pueblo de la Provincia, Ricardo Azparren y que fue entregado a los diputados provinciales en cumplimiento de la ley provincial V N° 81.

En el mismo informe Azparren da cuenta que durante el período mencionado la defensoría realizó 1.479 actuaciones, de las cuales 1.114 se realizaron mediante gestiones informales, 365 se tramitaron formalmente y 55 se iniciaron de oficio. Como puede observarse, las actuaciones de manera informal son la de mayor número y representan un 74 por ciento del total.

Esto tiene una explicación. Según Azparren “ha sido y es nuestro propósito gestionar las quejas y reclamos que recibimos de manera ágil y dinámica con el objetivo que los tiempos entre demanda y respuesta sean los más breves posibles. Más allá de ello-expresó el Defensor del Pueblo- la informalidad que caracteriza a nuestro instituto nos ha permitido obtener una respuesta positiva del orden del 86 por ciento de los casos mencionados”.

La defensoría pretende que la persona que acude con algún reclamo lo haga libre de toda traba burocrática o formal como así también que la institución pueda dirigirse a los responsables de los organismos o empresas reclamadas por vías administrativas no convencionales.

El informe también explica que la defensoría atendió un importante número de reclamos en cuestiones referidas al derecho de familia, derecho civil en general y lo que se refiere a defensa del consumidor sin ser temas de incumbencia específica del Defensor del Pueblo.

El informe, que ya está en poder de los legisladores chubutenses, hace notar también las actuaciones en cuanto a la posible contaminación del Río Chubut, un tema sobre el cual la defensoría elaboró un extenso informe que fue utilizado por las autoridades competentes que actuaron sobre el tema.

Y hace mención al Convenio de Cooperación Técnica que se celebró con el Defensor del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, con el objeto de establecer lazos de colaboración mutua. Y contribuir al fortalecimiento de promoción de la institución constitucional del Defensor del Pueblo.

A raíz de dicho convenio, la delegada del Defensor del Pueblo de la Nación, la doctora Sandra Riquelme desarrolla su tarea en el espacio físico de la defensoría de Chubut que, como se sabe, funciona en la planta baja del edificio de la Legislatura Provincial en Rawson.

Los reclamos

Como quedó dicho fue muy alto en el último año el porcentaje de consultas relacionadas con los servicios públicos. En este ámbito tuvieron que ver sobre todo por los aumentos tarifarios, la no prestación del servicio y la afectación de los derechos de los usuarios.

En lo que hace a las quejas relacionadas a salud tienen que ver con la falta de cobertura de tratamientos, demora en la obtención de turnos (desde una simple consulta hasta una intervención quirúrgica), entrega de medicamentos, inconvenientes con las prestaciones por parte del Programa Federal de Salud y lo que hace a la atenciones y respuestas de distintas obras sociales como PAMI y SEROS.

Ha resultado importante también la cantidad de consultas y reclamos en relación a cuestiones de la seguridad social como trámites previsionales, pensiones no contributivas y la asignación universal por hijo.

Un párrafo aparte merecen también los reclamos por la afectación de los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la educación en todos los niveles y consultas sobre procedimientos administrativos por infracciones de tránsito en otras jurisdicciones provinciales. “En este último caso hubo reclamantes que aseguraron no estar en el lugar del país desde donde le llegó la supuesta infracción de tránsito”, aclaró Azparren. Es de hacer notar que fueron sólo 11 las presentaciones rechazadas. Y el rechazo se debió a que no cumplían con los requisitos de admisibilidad establecidos por las leyes en vigencia o por una evidente incompetencia. “En estos caso-explicó el Defensor del Pueblo-se informa a la persona que reclama las razones que motivaron el rechazo y se le informa y orienta para que pueda encontrar una solución a su problema”.

Por último el informe anual da cuenta que con el objeto de contribuir al fortalecimiento de la institución se ha participado en diferentes jornadas, seminarios y encuentros tanto dentro de la provincia como en otras ciudades del país, “lo cual permite capacitarnos, compartir experiencias y crear vínculos con Defensorías del Pueblo de Argentina y del exterior como así también con diferentes organizaciones que se encuentran abocadas a la promoción y protección de los derechos humanos”, informó Azparren que hasta julio de este año continuará ocupando el cargo de tesorero de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.