El 24 por ciento de las actuaciones de la Defensoría del Pueblo provincial están vinculadas, principalmente, a quejas por deficiencias en la prestación de servicios públicos. En ese sentido, son numerosos los reclamos a la Sociedad Aguas del Tucumán, por cortes de suministro, colapso de la red cloacal o aspectos relacionados a la refinanciación de deudas.

También sobran las quejas contra la distribuidora de energía, EDET, por incremento de tarifas o daños en electrodomésticos.

Las actuaciones vinculadas al área de la salud (19 por ciento) y el sistema previsional (17 por ciento) completan el podio de reclamos en la Defensoría. Incumplimientos en la Prestación Médica Obligatoria (PMO), reclamos por la no provisión de medicamentos y prótesis, discapacidad, cirugías y estudios de diagnostico ante obras sociales privadas o estatal son permanentes. Lo mismo sucede ante la ANSES en lo que respecta a trámites jubilatorios, reclamo por asignaciones estatales de todo tipo o el reconocimiento de servicios.

Las cifras se desprenden de un informe presentado ayer por el ombudsman, Hugo Cabral, ante los medios de prensa. En total, desde enero, la Defensoría recibió 6.052 solicitudes. La gran mayoría se tradujo en actuaciones ingresadas (4.752): luego siguen las consultas telefónicas (1.150) o vía mail (150).

Según Cabral, entre marzo y julio, las principales actuaciones en su gestión tienen que ver con el amparo presentado para frenar el cargo tarifario en el gas; el convenio firmado con ANSES para implementar canales administrativos de facilitación y agilización de trámites; las reuniones con defensores del Pueblo de la región, funcionarios y empresarios por la situación ambiental de la cuenca Salí-Dulce y el encuentro con el Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cámeron por la problemática existente en la provincia debido al faltante de combustible, entre otras gestiones.