Tras la tercera prórroga consecutiva introducida el miércoles al contrato por la prestación del servicio de energía eléctrica y alumbrado público que el municipio de Comodoro Rivadavia mantiene desde 1981 con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, ayer el concejal radical Pablo Martínez enfatizó en la necesidad de que tanto la entidad como el poder concedente expliciten cierta información crucial al momento de analizar un contrato definitivo. También aludió a “ocultamiento de información” por parte del secretario de Obras Públicas de la comuna, Abel Boyero.

Sábado 1 de Diciembre de 2012

El concejal Pablo Martínez indicó que introducir una nueva prórroga al contrato eléctrico fue “inevitable”.

Pablo Martínez indicó que introducir una nueva prórroga al contrato eléctrico fue “inevitable” dado que la información necesaria que debía provenir del poder Ejecutivo no llegó en tiempo y forma al Concejo. Más aún, graficó lo dicho señalando que la Secretaría de Obras Públicas que conduce Abel Boyero (autoridad municipal de aplicación en el tema) contaba desde el 22 de agosto con un informe de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) vinculado a la prestación en sí y planes de inversión. “Pero recién giró el mismo al concejo el 27 de noviembre, es decir, a 24 horas de la sesión extraordinaria en la que debía tratarse el contrato”, cuestionó.

“Me parece más que preocupante el manejo discrecional de la información por parte del secretario de Obras Públicas, no darla en tiempo y forma es ocultarla” planteó el edil.

Sin embargo, también hizo a la SCPL partícipe del reclamo al indicar que la entidad tampoco acercó una copia al Concejo aún a sabiendas de que el convenio debería ser avalado por el cuerpo legislativo. “Ignorarlo no es lo más propicio”, argumentó.

Más allá del reclamo puntual, Martínez enunció una serie de datos e informes que tanto la Municipalidad como poder concedente como al SCPL en su rol de prestadora, deben remitir al Concejo para el adecuado análisis del servicio y sus condiciones.

En lo que a la cooperativa respecta, dijo que estos informes deben abarcar tanto la situación patrimonial y financiera como institucional, además de destacar que el cuerpo legislativo debe saber si la conducción de la SCPL tiene mandato aprobado por asamblea para poder firmar el contrato en cuestión, es decir, que todos los delegados conozcan en detalle su contenido y alcances.

También planteó que como prestadora, la SCPL debe presentar la nómina de empleados actualizada. Manifestó que es un requisito para cualquier concesionaria y señaló que se trata de prevenir lo sucedido con otro servicio público, que a los tres meses de haber renovado su contrato con la comuna, incrementó en 200 su planta de personal, con lógica traducción en los costos.

RIESGO EMPRESARIO

A la vez, Martínez expuso que los restantes concesionarios no tienen riesgo empresario porque cobran los servicios que prestan, como el caso de Clear mediante facturación del servicio de higiene urbana, o Patagonia Argentina en el transporte público, “cuyo costo operativo es cubierto casi en un 60% por los subsidios nacional, provincial y municipal”.

Expuso que una de las cuestiones que deberá explicitar el Ejecutivo es que rol asumirá en tal contexto dado el estado de las tarifas y cómo acompañará un panorama “que no es alentador” para no trasladar todo a los usuarios.

En el mismo planteo de requisitorias al Ejecutivo, dijo que éste deberá además enunciar cuál será el plan de obras pretendido en el marco de la concesión, y cuáles serán las inversiones que sugiere.

Finalmente, Martínez dedicó un párrafo a su par del Modelo Chubut, Viviana Almirón, que el jueves había dicho “no somos doce levantamanos”.

El concejal dijo que el sayo se lo pone a quien le cabe, expuso que cada edil tiene su responsabilidad ante la ciudadanía de buscar el bien general. “Que acompañemos algunas políticas del Ejecutivo en las que prima ese interés general no quiere decir que seamos levantamanos, yo no me siento así”, expresó.