El funcionario explicó que la decisión judicial llegó luego de que la Municipalidad presentara un informe que elaboró junto al CTE sobre el funcionamiento de la planta de Loma Paraguaya.

En ese sentido, aclaró que el Ejecutivo no tiene la capacidad para clausurar una planta, sino que su función es verificar que se cumplan las normas vigentes y en caso de incumplimiento labrar actas.

“La Municipalidad no emite los certificados de descarga de efluentes gaseosos o se residuos especiales”, remarcó. Vale recordar que por ejmplo el certificado de descarga de efluentes gaseosos había vencido en 2003.

En tanto, dijo que el Municipio le había informado al OPDS sobre ese vencimiento, y que era el organismo provincial el que debía actuar en consecuencia.

Al ser consultado sobre la demora en reclamar la actualización de los certificados, mencionó que el OPDS tiene “sus tiempos administrativos”.