Serio cuestionamiento a la División de Trata de Personas de la Policía santafesina

El Fiscal Federal de Reconquista pidió un pormenorizado informe a la Unidad Especial relacionado a un allanamiento realizado en un cabaret en San Javier, donde se detuvo a tres personas con drogas, armas y billetes en pesos y euros. La División de Trata habría cometido serias fallas en el protocolo de actuación, como devolverles las llaves del local a las mujeres que se prostituían allí. El juez evalúa si recaratula el expediente.
Para el Fiscal Federal de Reconquista Roberto Salum hay sobrados indicios para pensar que los tres detenidos que regenteaban un cabaret en San Javier, donde se secuestraron estupefacientes, deberían ser imputados –además - por el delito de trata de personas. El funcionario judicial basó su posición en un escrito que elevó al juez competente hace casi un mes, algunos días después que la policía allanara una whiskería con la presencia de efectivos antidrogas y de la División Judicial, más concretamente de la Unidad Especial de Trata.

Para zanjar las dudas, el representante del Ministerio Público solicitó que se cite a los testigos civiles del procedimiento y que rectifiquen o ratifiquen las actas confeccionadas por las autoridades policiales. El interés de Salum es establecer con veracidad cuántas personas se prostituían en el cabaret “Oasis”, que funcionaba en San Javier, a la vera de la ruta provincial 1, además de saber si existían habitaciones en el lugar y si había indicios que informe sobre la posibilidad que las mujeres vivan allí. Además le pidió al juez Aldo Mario Alurralde que cite a declarar a los los integrantes de la Unidad Especial de Apoyo y Coordinación y Lucha de contra la Trata de Personas: la Comisario Inspector Mónica Beatriz Viviani, la Subcomisario Roxana Silvana Elletti y la Psicóloga Natalia Lorena Rodríguez. El pedido incluye además que la División Especial entregue en forma urgente un pormenorizado informe sobre su actuación en el lugar, ya que fueron convocados por la presunción de que en el lugar se explotaban sexualmente a mujeres. Para el Fiscal es importante evaluar la salud física y síquica de las mujeres que fueron encontradas en el Cabaret “Oasis” y si tienen algún tipo de dependencia respecto al consumo de drogas que deriven en algún tipo de enajenación. Hasta el viernes pasado, la Fiscalía no había sido notificada sobre ninguna de las medidas exigidas, pese que la causa tiene a tres personas presas, acusadas de comercializar estupefacientes.

Elementos de prueba

Salum pide que los detenidos en ese procedimiento- que enfrentan un proceso por drogas – sean indagados también en el marco de de la ley que reprime a los explotadores de personas, en este caso con el trabajo sexual.

En el lugar, se secuestraron elementos inequívocos de actividades vinculadas a la trata, como los llamados libros o cuadernos de “pases”, precios de copas, habitaciones en las cuales las mujeres que se encontraban en el lugar, asimismo y como elemento fundamental, conforme surge del acta final del allanamiento de ese lugar, las mujeres vivían en ese mismo inmueble, “los cuales deben considerarse elementos suficientes acerca de la existencia de este delito”.

Como colorario de una actuación policial pobrísima, insuficiente o deliberadamente errónea, los efectivos de la División Especial entregaron las llaves del prostíbulo a las mujeres que se encontraban prestando servicios en el cabaret, aduciendo como razones el hecho que estas personas residían en el lugar. Por desconocimiento o por negligencia las agentes de la Unidad Especial se saltearon varios lineamientos del protocolo de intervención.

Entre los elementos incautados en la whiskería había cuadernos donde se asentaba una contabilidad precaria con “descuentos” e “ingresos” que se efectuaban a las personas explotadas en el lugar. Por toda la documental secuestrada de la “Whiskería” el Fiscal pidió como trámite urgente la inmediata declaración testimonial de las dos mujeres que eran prostituidas en el lugar. Además, Salum entiende que las mujeres fueron víctimas del delito de trata y por eso pide la intervención de agencias estatales de atención de víctimas. “Esta Fiscalía entiende que la División específica de la Policía provincial debió efectuar un acompañamiento a las víctimas, organizar una salida hacia un lugar seguro, establecer la obtención de datos para la investigación y todos los demás recaudos para la preservación del testimonio de las mismas, lo que evidentemente no se ha hecho y podrá luego repercutir en la prueba de la comprobación del ilícito”, cuestionó el Fiscal en el escrito presentado ante el juez Alurralde.

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