El reconocido consultor y analista político, Sergio Berensztein, afirmó que el país enfrenta una escalada de conflicto que por ahora no tiene entre el gobierno de Cristina Kirchner, por un lado, y el Congreso de la Nación y la Justicia, por el otro.

El destacado académico y director de Poliarquía interpretó para EL LIBERAL que no hay voluntad de negociación, sobre todo del Ejecutivo, que pretende unilateralmente fijar la agenda, ya que también la oposición está fragmentada lo que le permite desplegar al kirchnerismo sus estrategias.

¿Cómo observa la institucionalidad del país, en este momento en el que el Poder Ejecutivo tiene una fuerte pelea con los jueces y con el Congreso?

-Lo observo con enorme preocupación porque estamos en lo que conceptualmente es un conflicto de poderes. Nuestro Poder Ejecutivo es fuerte, la Constitución le da efectivamente muchos recursos. Lo que ocurre es que hubo un balance de poder muy diferente a partir de las elecciones de junio del año pasado. El Congreso nuevo no se constituyó hasta diciembre de 2009; por lo tanto hubo un período irregular con una legitimidad de origen del viejo Congreso efectivamente sólida, pero en términos de la opinión pública y el clima de la Argentina había cambiado profundamente. El Gobierno en ese momento aprovechó esa mayoría circunstancial para avanzar en una agenda unilateral que pretendió continuar luego del cambio de diciembre, y esto se manifestó por la utilización de instrumentos que son bastantes polémicos pero que están en la Constitución, como los decretos de necesidad y urgencia, que habían sido reglamentados recientemente y que requieren consenso para su aprobación. El Congreso rechazó de plano el decreto del Bicentenario y a partir de ese momento se generó un conflicto que está escalando, que todavía no se detuvo.

¿Hace falta diálogo en medio de tanta disputa?

-Las negociaciones y los intentos de acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo hasta el momento fueron fallidos, porque no hay voluntad de negociación sobre todo del Ejecutivo que pretende unilateralmente fijar la agenda y las condiciones, esas condiciones implican una negación del federalismo y del disciplinamiento vía caja, con lo cual lo que se está discutiendo aquí no es solamente la utilización de DNU, sino toda una estructura de poder basada en una interpretación muy sesgada de la Constitución. En síntesis, la verdad que estamos en un momento delicado porque no es solamente el Congreso el que pone límites sino también el Poder Judicial mediante medidas cautelares, en algún sentido limitando de hecho la utilización de la necesidad y urgencia, lo cual lo pone al Poder Ejecutivo en una situación muy delicada. Lo que estamos viendo estos días es básicamente un episodio más en esta concatenación de hechos que ponen de manifiesto que estamos en una crisis institucional muy profunda.

Este conflicto de poderes seguramente no le hace bien a la democracia…

-Creo que es un test para el sistema democrático que nunca lo tuvimos en esta transición que ya lleva 26 años. Nuestra democracia no está consolidada, es una democracia todavía muy inestable, muy desequilibrada, donde no se dio un juego entre los poderes del Estado, en particular porque hasta ahora hemos tenido presidentes que contaron con el acuerdo del Congreso o bien Congresos que bloquearon presidentes.

Esto último ocurrió con gobiernos "divididos", como el caso de Alfonsín y del propio De la Rúa que terminaron muy mal. El actual, ante la hipótesis de una división, reaccionó tratando de utilizar los mecanismos de amenaza de vetos más DNU, que están generando mucha polémica por la utilización muy sesgada que se hace de ese tipo de decretos. Evidentemente, el Gobierno no quiere dar el debate, no lo quiso dar con el Fondo del Bicentenario, tampoco con el decreto muleto del fondo de desendeudamiento. Insisto, lo que está en discusión es la caja, el acceso a los recursos. Estamos en una situación que pone de manifiesto que nuestra democracia funciona todavía mal. Al mismo tiempo, es un test espectacular porque si superamos como sociedad, el desafío que tenemos, y se procesa el conflicto sin vulnerar los resortes institucionales más básicos del equilibrio entre los tres poderes, estamos lejos de una sociedad desequilibrada y habremos sorteado esta coyuntura tan difícil sin regresiones autoritarias. Pero el mayor riesgo de la Argentina hoy, precisamente, consiste en volver a una situación autoritaria, distinta por supuesto de la que teníamos en las décadas del 60, del 70 y en los comienzos de los 80, de un autoritarismo basado en la interrupción total de los gobiernos civiles por gobiernos militares o desplazamientos por parte de las fuerzas armadas. Pero sí significa una erosión de la democracia constitucional y la imposición de un modelo supuestamente mayoritario basado en una legitimidad de origen, que es genuino por parte de la Presidenta, pero que perdió legitimidad de ejercicio. Entonces, ahí hay un problema muy serio, por eso uno dice desde el punto de vista conceptual lo más importante es evitar el peor escenario que es una reversión autoritaria. En la práctica esto es muy difícil porque la oposición está muy dividida y fragmentada, hay que fijarse en el episodio tan desagradable vivido en la Cámara de Diputados (por ayer) donde se convierte en un desafío muy difícil la coordinación de estrategias entre los distintos líderes de la oposición. Porque muchos de ellos tienen vocación presidencial. Entonces, compiten también por presencia mediática. Esto se hace muy complejo y le genera oportunidades al Poder Ejecutivo de seguir desplegando su estrategia.

Después de esta situación difícil por la que atraviesa la Argentina, ¿qué es lo que se puede vislumbrar?

-Depende de cómo resolvamos este gran intríngulis, si salimos de este episodio sin vulnerar los resortes institucionales fundamentales. Sin, por ejemplo, como insinuó la Presidenta, desconocer fallos judiciales, que plantearon una situación de desacato, de ignorancia de decisiones de jueces; son jueces de la República. A uno le puede gustar o no el fallo, se puede opinar, pero no desconocerlo. Si evitamos eso vamos a tener que reconstruir el sistema de partidos, habrá una tarea muy importante para hacer, saliendo de un nivel no traumático. Si por el contrario, se vulnera el equilibrio entre los poderes, hay ignorancia de los fallos de la Justicia, se gobierna en contra de la voluntad o se ignoran disposiciones del Congreso, tenemos un problema mucho más serio porque en la práctica viviríamos una situación de reversión autoritaria similar al que vivió (el ex presidente de Perú) Fujimori. Es injusto decir que es un gobierno de facto, me parece que en ese sentido la posición de la doctora Carrió es extrema y falsa porque no permite entender las características de este proceso. En la experiencia Argentina, un gobierno de facto implica claramente un gobierno militar donde se suspenden los derechos humanos y civiles, nada de ello ocurre ahora. Si hay una situación muy irregular y si hay un riesgo, de eso no hay ninguna duda, pero sería una caracterización errónea definir este proceso como un gobierno de facto.