Por la sequía, declararon en emergencia agropecuaria a General Pueyrredon

Por la sequía, declararon en emergencia agropecuaria a General Pueyrredon

Lo recomendó la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia. Productores locales accederán a beneficios impositivos.

La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA) recomendó la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía en General Pueyrredón por el período comprendido entre el 1 de julio 2022 y el 31 de marzo 2023.

De esta forma, los productores locales podrán acceder a los beneficios impositivos establecidos por ley. La CEDABA volvió a reunirse el último jueves para analizar las nuevas solicitudes ingresadas por distintos municipios cuyas producciones se vieron afectadas por la escasez de lluvias, junto con informes agroclimáticos y relevamientos realizados por el Ministerio de Desarrollo Agrario.

En concreto, la normativa establece que aquellos productores y productoras que hayan visto afectado entre el 50% y el 79% de su producción o capacidad de producción serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de la actividad agropecuaria.

En tanto, los que hayan sufrido una afectación de entre el 80% y 100% de su producción o capacidad de producción entran en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de la afectación de la explotación.

Además, Gobernación puso a disposición distintas líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática que afectó a estas regiones, destinadas principalmente a pequeños y medianos productores.

Cabe recordar que en el anterior encuentro de la CEDABA, el 11 de enero pasado, se informó sobre la implementación de un nuevo sistema de Emergencia Agropecuaria que agiliza la presentación de las declaraciones juradas por parte de los productores, permitiendo una trazabilidad desde el comienzo de la solicitud realizada por el municipio hasta la emisión del certificado del Ministerio de Desarrollo Agrario.

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