El Ministerio de Derechos Humanos informó que las actuaciones de oficio habían comenzado en marzo tras una inspección de la supervisora.
En relación a las cotidianas inspecciones que se realizan sobre el estado de los Centros de Desarrollo Infantil que hay en la Provincia, y el personal que allí presta servicios, la supervisora Marcela Alarcón ya en marzo de este año realizó la primera denuncia por malos tratos sobre dos operadoras que como primera medida fueron apartadas de sus funciones.
Esta denuncia, generó el inicio del expediente N° 153-55907/2013 del 22 de marzo, a partir del cual se inició de oficio la investigación administrativa a fin de determinar la existencia de la responsabilidad del personal denunciado.
Por tal motivo, los días 25 y 26 de ese mes, se constituyó en la institución una comisión conformada por el psicólogo Cristian Fernández y el asesor jurídico Héctor Balcarce, de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, a fin de formalizar las denuncias y tomar declaración a todo el personal del CDI.
Siguiendo con la cronología del caso, el día 27 de abril, o sea a más de un mes de comenzadas las actuaciones de oficio, el encargado del CDI, Justo Tordoya recibió la llamada de la Asesoría de Menores del Distrito Norte para presentarse a una entrevista en relación a una denuncia formulada por Zulma Díaz, por malos tratos hacia su hija de 2 años de edad quien concurre al CDI.
El 30 de abril, un día después de realizada la entrevista, se llevó a cabo en la institución una inspección por parte del asesor de menores en el marco de la denuncia realizada por la madre de la menor, siguiendo así las actuaciones sin que el Sub programa que tiene a cargo los CDI reciba solicitud alguna, a través de oficio u otro instrumento de parte del Ministerio Público.
Continuando con las tareas que se realizan en el CDI y en pos de garantizar la buena atención de los niños, su integridad y potencial desarrollo es que el Ministerio de DDHH, separó del contacto con los niños a las operadoras denunciadas hasta tanto se concluyan las actuaciones administrativas y el proceso judicial iniciado.
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