Las autoridades universitarias difundieron un comunicado, explicando la medida.
Comunicado de Ciencia y Tecnología
Al respecto, la Facultad de Ciencia y Tecnología hizo llegar anoche un comunicado. En éste se señala que “en virtud de las manifestaciones vertidas por la magíster Celia D'Angelo, quien se desempeñara hasta el 7/4/14 como rectora del Colegio del Uruguay, hoy separada del cargo a partir de la culminación del primero de los cinco sumarios iniciados contra ella, y a los efectos de llevar tranquilidad, en primer lugar a la comunidad educativa toda y en segundo a la sociedad, resulta ineludible aclarar, en lo pertinente, los falaces, ambiguos e infundados dichos expresados por ella en distintos medios de comunicación.
“No es intención de esta gestión entrar en un inocuo e improductivo debate mediático, razón por la cual solo se enuncia que: No existe ni existió riesgo institucional, ni académico ni administrativo, en el Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza. En ninguna oportunidad se realizaron modificaciones presupuestarias diminutivas de las horas cátedras que le corresponden a este Colegio.
La totalidad de horas de cátedra para el Proyecto Educativo Institucional están intactas, incluso se pueden ampliar con una convocatoria a nuevos proyectos que garanticen la apertura y oportunidad de participación de todo el personal docente. El Proyecto Educativo Institucional se encuentra plenamente vigente. Actualmente el consejo directivo de la Facultad está tratando normativas para incorporar más organismos colegiados, representativos de todos los claustros, que, además, son elegidos democrática y libremente por sus pares. Existen gestiones iniciadas desde la Facultad sede Concepción del Uruguay, y a través del Vicerrectorado de la universidad, para incrementar los cargos presupuestados en el Colegio”.
Por último, se aclaró que “las supuestas irregularidades que, sostiene la magíster Celia D'Angelo, sucedieron en el Colegio, debieron ser comunicadas formalmente a las autoridades de la Facultad, razón por la cual será intimada legalmente a hacerlo y a identificar las pruebas que acrediten la veracidad de sus dichos, reiterando, procedimiento que debió haber iniciado al tomar conocimiento de las supuestas anomalías”.
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