El fiscal federal Enrique Senestrari solicitó al juez Ricardo Bustos Fierro, titular del Juzgado Federal Nº 1, la exhumación y una nueva autopsia sobre el cuerpo del oficial de Drogas Peligrosas, Juan Alós, quien apareció muerto en un auto de la repartición el pasado de 7 de setiembre, en proximidades a Bosque Alegre. La causa fue investigada inicialmente por el fiscal provincial Emilio Drazzile, quien caratuló el hecho como “suicidio”. Pero para la querellante familia Alós fue un homicidio en el marco del narcoescándalo que involucró a parte de la Policía de Córdoba. A pedido del abogado de la familia, Carlos Nayi, y del propio fiscal Senestrari, la Corte Suprema de Justicia dispuso días atrás que la causa pase al fuero federal.

Según supo este diario de fuentes de la causa, el oficio con el pedido de exhumación habría sido enviado ayer a Bustos Fierro. Habría novedades en las próximas horas. Además, Senestrari prepararía medidas de “alto impacto” que también se conocerán próximamente, a la luz de las novedades dadas a conocer el miércoles por el programa ADN que se emite por Canal 10.

El trabajo periodístico mostró fotografías donde se observa un segundo impacto en el cuerpo de Alos, que hasta ahora no figuraba en el informe de Drazzile. Éste había establecido que había solo un balazo en el parante izquierdo del vehículo donde se produjo el hallazgo del cuerpo. Además, en ADN se brindaron nuevos elementos sobre la trayectoria de la bala que le quitó la vida al policía.

Según trascendió de fuentes tribunalicias, Senestrari nunca estuvo conforme con la investigación de Policía Judicial de Córdoba, sobre todo luego de que se conociera un informe forense que abona la teoría del suicidio, que emitió Canal 12 en exclusiva. También Drazzile quedó en la mira, y sobre él pesa un pedido de jury de enjuiciamiento presentado por legisladores del Frente Cívico.

En diálogo con este diario, Nayi se preguntó cómo es que existen dos fotografías distintas sobre el mismo hecho, y por qué Senestrari no conocía el material presentado ayer por ADN. “Hay una marca (de bala) que no fue informada (por Drazzile); hay dos impactos, el que se conoció siempre, y un segundo impacto en el pecho que no fue informado por la Policía Judicial ni por el fiscal”.

“Esto es demasiado grave, y demuestra que la Justicia Provincial se resistió a la entrega del material que pedía Senestrari”, dijo el letrado, para quien el cambio de jurisdicción dispuesto por la Corte Suprema es un hecho “histórico”.

Alerta roja

La seguridad de la madre y la viuda de Juan Alós, Norma y Roxana, y del abogado Carlos Nayi, son considerados prioridades en “alerta roja” para el Gobierno provincial. Así se lo transmitió el ministro de Gobierno, Walter Saieg, a la familia del oficial muerto, en el marco de la entrevista mantenida ayer, por primera vez desde el hecho de sangre. Según trascendió, fue el propio gobernador José Manuel de la Sota quien le pidió a Saieg que reciba a los Alós, quienes al igual que Nayi han recibido amenazas e intimidaciones.

“El ministro nos dijo que el Gobierno va a acompañar la investigación de Senestrari, que dará apoyo a la investigación y que respetará el fallo de la Corte Suprema”, afirmó una fuente de la causa.

Se trata de todo un viraje por parte del Gobierno de Córdoba, que hizo explícito su apoyo al fiscal Drazile y abonó de entrada la teoría del suicidio. Nayi aseguró que en el Gobierno “tenían que saber las irregularidades que se cometieron” en torno a la investigación que encabezó el fiscal provincial.