Pero además, para la próxima sesión, prevista para el 18 de diciembre, hay en carpeta nuevas iniciativas del Poder Ejecutivo que, de ser aprobadas por el Senado, obligarían a los diputados a reunirse también en los primeros días del año que viene, si es que así se lo requieren. Eso fue lo que dijeron los legisladores de la Cámara baja al momento de despedirse esta semana hasta el 15 de febrero, cuando dan inicio las sesiones ordinarias: quedaban a disposición de las urgencias que les plantee el Ejecutivo.

“Necesitamos por lo menos dos sesiones más para aprobar proyectos de los legisladores”, explicó el presidente de la bancada oficialista, Enrique Cresto. Puso como ejemplo a la iniciativa que, en sintonía con lo ocurrido este año en la Nación, permite a los adolescentes de entre 16 y 18 años que así lo quieran, ejercer su derecho al voto en las elecciones generales. El texto legislativo, que surge de la unificación de proyectos de los senadores Cresto y Eduardo Taleb, es uno de las que tendría media sanción en la sesión del martes 18. Se trata de una reforma a la legislación electoral de Entre Ríos que regula los comicios para elegir autoridades del orden provincial y local, es decir que se aplicaría por primera vez en 2015.

Uno de los asuntos que viene del Poder Ejecutivo es un proyecto de promoción industrial, que ingresó al Senado la semana que pasó, luego de la última sesión. La iniciativa, que contempla pedidos de la Unión Industrial de Entre Ríos, genera incentivos para la instalación en la provincia de nuevos emprendimientos y para la incorporación de tecnología y ampliación de la cadena de valor.

También están pendientes las reformas a la ley de Fiscalía de Estado, que tiene preferencia para su tratamiento en la próxima sesión con o sin despacho de comisión.

Quedan por sancionar la creación de casi 1500 cargos en Salud que votó en su última sesión la Cámara de Diputados y que supone regularizar la situación de las suplencias extraordinarias, con un pase a planta que, han remarcado los legisladores, no implica un mayor gasto para la provincia. También se sancionará la creación de la Libreta de Salud Infantil, que dispone un régimen de seguimiento de vacunación y atención primaria de la salud. A esto se suman las iniciativas propias que los legisladores quieren dejar sancionadas antes de iniciar el próximo período y que, según estimó Cresto, no son menos de 25 proyectos de ley.

Regulan la profesión de operador psicosocial

Después de intensos debates en los que participaron los interesados en lograr la regulación del ejercicio de su profesión, tuvo media sanción al proyecto de ley que enmarca la actividad, en Entre Ríos, del Técnico u Operador Psicosocial.

Finalmente se llegó a la redacción de un texto de 10 artículos, divididos en tres capítulos, y recibió despacho favorable de las comisiones de Salud, Medio Ambiente Humano y Drogadicción y de Legislación General.

Durante varios meses los legisladores trabajaron en el tema y lo hicieron con la importante participación del Colegio de Asistentes Sociales de Entre Ríos, del Instituto de Educación Social de Concordia, del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, del Instituto de Estudios Psicosociales de Entre Ríos, de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), entre otros.

El proyecto, que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados, dispone que la profesión regulada requiere para su ejercicio que los profesionales comprendidos en ella actúen conforme las incumbencias de sus títulos y estén matriculados en el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, organismo que tiene el gobierno de la matrícula.

Podrá matricularse quien posea título de Técnico u Operador Psicosocial o título equivalente de igual grado, otorgado o reconocido por el Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones de Entre Ríos, por los Ministerios de Educación u organismos competentes de otras Provincias o de jurisdicción nacional, y quienes tengan uno otorgado por entidades extranjeras, debidamente revalidado.