Diecisiete senadores provinciales quieren remover al defensor público provincial, Gabriel Ganón, por mal desempeño en la función. Ayer presentaron un pedido formal y los correspondientes argumentos ante la Comisión Bicameral de Acuerdos –integrada por legisladores de ambas cámaras– para que en el transcurso de los próximos tres meses evalúe si alcanzan los elementos probatorios para echarlo. El planteo político fue elaborado por el bloque del Frente Progresista y acompañado sin problemas por la mayoría de los justicialistas, ya que la senadora Cristina Berra (San Martín) y su par Ricardo Kaufmann (Garay) no participaron de la sesión. No es la primera vez que el nombre de Ganón está en la cuerda floja: el año pasado los diputados del oficialismo hicieron una jugada similar aunque aquélla era en un tono más declamativo que práctico. Esta vez la cosa es más seria porque hay una denuncia formal. Quien se encargó de exponer los argumentos para remover a Ganón fue el senador radical del departamento General López, Lisandro Enrico. “Hay hechos y conductas del defensor que nos permiten llegar a la sincera convicción que incurrió e incurre en un mal desempeño de sus funciones y que, además, también genera una lesión al funcionamiento del nuevo sistema penal”, recalcó. El artículo 20 de la ley que crea el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal establece que la remoción del defensor general “se decidirá por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara reunidas en sesión conjunta, previo debate y audiencia del interesado” para garantizar su derecho a defenderse. Es decir, en Diputados serían necesarios 26 votos de 50 y en el Senado, 10 de 19. Para llegar a esa instancia la Comisión de Acuerdos deberá emitir despacho sobre el particular, designando en su caso a quien actuará como acusador. De todas formas, el procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor de tres meses contados desde su inicio hasta la decisión de la Legislatura sobre el fondo del asunto. En tanto, el proyecto consta de “un detalle de los distintos hechos” que motivaron su presentación. El movimiento político no deja de ser arriesgado, ya que la remoción “caducará de pleno derecho” y no podrá volver a iniciarse “un procedimiento por el mismo hecho”. Además, el acusador designado podría “solicitar la suspensión temporal de sus funciones lo que se resolverá por el voto de la mayoría simple de los miembros de cada cámara reunidas en sesión conjunta previo dictamen de la Comisión de Acuerdos”. Elementos técnicos y políticos

Para Enrico, y el resto de los legisladores que firmaron, el pedido de remoción no sólo se debe “a cuestiones técnicas que el doctor Ganón demostró no conocer en cuanto a sus funciones” sino también “con la falta de actitud y la falta de compromiso para llevar adelante de buena manera y de buena fe un cargo tan importante”. Se trata de un mandato en la defensoría que dura seis años, y hoy recién va por la mitad. Entre los factores técnicos para acusar a Gabriel Ganón de mal desempeño figuran las acordadas de la Corte Suprema donde le endilgan “comportamientos procesales impropios”. Por ejemplo, “comparecer en causas judiciales” del sistema penal anterior –vigente hasta el 10 de febrero pasado– e intervenir de manera directa en un caso en particular, cuando eso está prohibido por ley. Su función, según la Ley Nº 13.014, es la de organizar el Servicio Público de la Defensa en Santa Fe en el marco del nuevo modelo acusatorio y no está habilitado a ejercer la defensa técnica de ninguna persona, explicó Enrico. El legislador añadió: “En algunos casos Ganón hasta perjudicó a los propios defendidos, porque compareció como defensor, después dejó de hacerlo y la persona siguió el proceso sin ser defendido”. “Esto demuestra el no conocimiento (de Ganón) de sus funciones como defensor público o, directamente, su actitud de no permitir el buen funcionamiento del sistema judicial vigente en aquel entonces”, manifestó el senador radical. Y también criticó al defensor provincial por haberse peleado con autoridades de todos los poderes del Estado, al punto de haber llamado “obeso mórbido” al presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez. Por último, Enrico dijo que tiene “fundadas sospechas de que hay instrucciones que el señor Ganón le dio a los defensores regionales y a los defensores de distrito para que impidan acuerdos con los fiscales” para resolver los casos a través de una sentencia en un juicio abreviado. “Esto es muy importante, porque una cosa es que un defensor utilice todas las herramientas que estén a su alcance dentro de la ley para garantizarle el derecho a defensa a una persona que está investigada por un delito, y otra es hacer todo lo posible para hacer que esa persona se mantenga en la impunidad. Esto lo queremos demostrar”, completó.