"Se trata de una herramienta fundamental de la que dispone el Ejecutivo nacional para defender a los usuarios y a los consumidores", señaló la legisladora, destacando que los países que forman parte de la Unión Europea cuentan con una legislación similar.

Indicó que lo que actualmente está en discusión es la conformación "de un foro especial para los consumidores con mecanismos que permitan resolver rápidamente las cuestiones que afecten a los consumidores, como por ejemplo si alguien adquiere un producto y éste tenga una falla, ese comprador pueda ser escuchado y encuentre una rápida solución a su problema".

"Otro punto es el observatorio de precios, con el que se busca transparentar todo el proceso de formación de precios, lo que sin duda a redundar en beneficio de la gente", subrayó.

De la Rosa, valoró la discusión de la reforma en el plenario de comisiones del Senado y si bien reconoció que es amplio el sector que se oponen a las iniciativas del Ejecutivo, tres cámaras que agrupan a empresarios pymes manifestaron su apoyo, aunque pidieron que éstas sean excluidas de los alcances de la normativa. "Eso se está discutiendo y seguramente que se va a llegar a un acuerdo porque la ley no es para las pequeñas y medianas empresas o para el comercio de la esquina, sino para los formadores de precios, que en la Argentina está en manos de muy pocas empresas".

Al insistir sobre las reformas de la ley, de la Rosa aseguró que las mismas pretenden "acortar las facultades que hoy tiene el gobierno nacional; es una ley muy amplia que permite que en caso de desabastecimiento, el Ejecutivo pueda tomar medidas en defensa del consumidor, como por ejemplo poner precios máximos o mínimos, fijar precios de referencia o fijar márgenes de utilidad. Creo que esto último es lo que le pone los pelos de punta a muchos empresarios y a la oposición, pero hay que decir una cosa: esta es una ley vigente desde ha hace 40 años y justamente lo que hace el ejecutivo ahora es recortar sus propias facultades de las que hoy dispone, como expropiar empresas, suspender licencias o enviar a la cárcel al dueño de una empresa que viole la normativa", manifestó.

Remarcó que la ley es de 1974, del gobierno de Juan Domingo Perón y que estuvo muchos años suspendida, hasta que en 1999 cobró vigencia, aunque muy pocas veces fue utilizada.

"En todo los países está vigente, por lo que no entiendo el rechazo de la oposición, cuando lo que estamos defendiendo son los intereses de los consumidores", remarcó.

En este sentido, rechazó las afirmaciones del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, que acusó a la iniciativa de parecerse a las políticas aplicadas en Venezuela.

"Yo le pedí a éste señor que nos dijera cual ley estábamos copiando a Venezuela, porque esta es una ley que data desde 1974, habría que ver cuantos años tenía en ese tiempo el ex presidente Hugo Chavez, por lo que es una locura decir que estamos copiando una ley del gobierno chavista", se quejó.