El texto señala; “Por medio de la presente se notifica a Ud. que se ha fijado fecha para la celebración de una audiencia de mediación por aplicación de la ley N° 7324, en el expediente N° 362/14 para el 24 de octubre de 2014 a las 20. Para el supuesto de ausencia justificada a la primera citación se ha fijado audiencia supletoria para el 29 de octubre a las 20.

Asunto a mediar: reparación por daños y perjuicios- calumnias e injurias. Tipo de controversia: patrimonial. Mediación requerida por: Juan Carlos Romero. Intervendrá como mediadora María Paula Majul.

La presente notificación es bajo apercibimiento de la incomparecencia injustificada a cualquiera de las audiencias de mediación, importará el fracaso del procedimiento, sin perjuicio de las sanciones, gastos y honorarios que correspondieran. La asistencia letrada es obligatoria conforme lo establecido en el artículo 4 del Decreto 3.456/09. Queda Ud. legalmente notificado. María Paula Majul, mediadora, registro N°93, habilitación N° 179”.

La comunicación que antecede fue dirigida a Nuevo Diario- Señor Néstor Gauna.

A través de su apoderado legal, Nuevo Diario comunicó la imposibilidad de la presencia de su director por razones de viaje. Asimismo, el letrado intentó saber las razones de la citación, pero no fue informado de los motivos.

Por esta razón, la audiencia quedó fijada para mañana miércoles 29 a las 20, en el domicilio del centro de mediación privado en Alsina 797, de esta capital.

En tanto, en la Ciudad Judicial, se pudo saber que no existe ningún expediente sobre esta comunicación prejudicial recibida por Nuevo Diario.

Ante la falta de información requerida por el apoderado legal, es de suponer que se trata de un intento de censura sobre las informaciones que viene publicando Nuevo Diario y que apuntan a las actuaciones de los diferentes estamentos judiciales referidas a las causas que tienen como protagonista al ex gobernador y actual senador nacional, Juan Carlos Romero.

Las acusaciones

Romero enfrenta acusaciones penales por delitos de peculado, incumplimiento de deberes de funcionario público, uso de información reservada, negocios incompatibles con la función pública, defraudación hasta asociación ilícita, hecho por los cuales podría recibir una pena total que asciende a los 50 años de cárcel.

Entre las causas en contra de Romero se encuentra la investigación iniciada por la compra de 90 hectáreas de La Ciénaga por parte de su gobierno, para ser destinadas a la construcción de viviendas, terreno que luego de un pasamano inmobiliario, terminó en manos de Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador.

La acumulación de causas penales sin resolución dieron paso a lo que en la ley argentina se conoce como “concurso de delitos”; un tratamiento previsto por el Código Penal para los casos en que a una persona se le atribuyen varios hechos delictivos.