El ex gobernador y actual Senador Juan Carlos Romero y su ex-funcionario, escribano Víctor Manuel Brizuela fueron acusados por el Fiscal Penal Nº3 a cargo de Eduardo barrionuevo como “organizadores de una asociación ilícita”, que tenía por finalidad “cometer delitos en contra del patrimonio provincial, beneficiando a empresas y personas de su vínculo cercano”; con tal motivo el funcionario judicial promovió acciòn penal en dos causas, la de la compra y venta de un terreno contaminado con boro en Barrio Bancario, de ésta Capital, y otra sobre operaciones con un inmueble de Finca San Miguel, municipio El Galpón.