oce días de la elección que definirá el color político del gobierno de la provincia y de quince de los dieciocho municipios para los próximos cuatro años, el Frente para la Victoria (FpV) asegura que hoy logrará imponer su mayoría en el Senado y designar en la Suprema Corte al presidente del tribunal de ética del Colegio de Abogados, Julio Gómez. Así lo tiene acordado el bloque desde la semana pasada.

Se espera que en la sesión de hoy se apruebe también un proyecto de Ubaldini sobre el uso de “pulseras electrónicas” contra la violencia de género. 

Según confirmó el presidente del bloque del FpV, Gustavo Arenas, todos votarán la aprobación. Esto incluye a los cuatro legisladores de origen Azul (Sevilla, Segovia, Bianchinelli y Benegas); a los tres de Integración (Barcudi, Brancato y Cófano); a los tres de La Corriente (Bauzá, Ciafrelli y Torres); a los tres del ‘sector gremial’ (Ortiz, Ubaldini, Escoda), a la ‘jaquista’ (Calvi), a la ‘paquista’ (Vonzedwitz), a los ‘independientes’ (Paredes -cercana a La Corriente-), Stevanato y Valls -ex Frente Renovador, hoy cercano a Integración- y al presidente del bloque (Arenas), del sector kirchnerista que responde a Alejandro Abraham. A ellos se suma Unidad Popular (Márquez) del amstutcismo.

En total son 20 votos, si el número de legisladores presentes es par y diecinueve si es impar, ya que de ello depende la participación o no del presidente provisional Bauzá. La senadora del FIT, Noelia Barbeito confirmó anoche que no asistirá a la votación, ratificando la conducta habitual del Frente de Izquierda de no participar de las reuniones de acuerdo del Senado, aunque trascendió que en esta oportunidad se analizó en el FIT revisar esa actitud.

En tanto, en el radicalismo y el Pro se adelantó el voto negativo a la postulación de Gómez. La UCR cuenta con 16 senadores (Camerucci, Corsino, Del Río y Ferrer. Ginner, Jaliff, Molero, Moralejo, Najul, Ortiz, Palero, Quiroga, Ruiz, Simón, Soto y Suárez), mientras que el macrismo tiene uno (Cairo). 

El viernes pasado se reunieron Arenas, Ubaldini, la dirigente de Derechos Humanos, Angélica Escayola y Gómez ante el pedido de Escayola al Gobernador de que retirara el pliego. 

Escayola dijo que Gómez “llegó mientras yo estaba en la reunión” y que reconoció que “en esos años de post dictadura había continuidades en el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad vinculadas a las prácticas ilegales de represión” que “ninguna de las fuerzas políticas mayoritarias (UCR, PD y PJ) cuestionó”.

 Agregó que Gómez no hizo “ninguna referencia a las indemnizaciones a los familiares de las víctimas (Guardatti, Baigorria y Garrido)”. Y destacó que “se produjo el compromiso de impulsar  fiscalías especializadas en violencia de género, unidades fiscales de Derechos Humanos que investiguen la violencia institucional y la figura del Defensor del Pueblo”.