Al igual que Diputados, el Senado provincial difundió los números de su productividad en cuanto a los proyectos aprobados en el primer semestre del año.

El balance dio como resultado la sanción de 38 leyes (una más que en 2016) y 29 medias sanciones. De esas aprobaciones, 21 fueron iniciativas presentadas en 2017 y 17 responden a proyectos anteriores.

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Los datos de la producción legislativa de ambas cámaras se conocieron en la misma semana en que se desató una fuerte polémica por la caída de la sesión en donde estaba previsto que se trataran -y aprobaran- dos leyes muy esperadas por la gestión Cornejo: el Plan de Ordenamiento Territorial y las modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial.

Tras la falta de quórum y el fuego cruzado entre el gobernador y los legisladores díscolos, más los consecuentes ecos en los medios, las redes y la calle, hoy está previsto que se concrete esa meneada votación.

En estos primeros seis meses, los senadores presentaron 98 proyectos de ley y aprobaron 231 proyectos de resolución, 28 declaraciones de interés y 86 pedidos de informe.

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Entre las leyes que llegaron a buen puerto y tuvieron un mayor eco figuran la reforma al Código de Ejecución de la pena privativa de la libertad para que los presos trabajen obligatoriamente; la creación de AEMSA (Aeronautica Mendoza Sociedad Anónima) con participación estatal mayoritaria; y la norma que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso terapéutico del cannabis.

Otras de las normas aprobadas fueron la reducción de la alícuota del impuesto de ingresos brutos para préstamos hipotecarios; la adhesión de Mendoza a la ley nacional 27.271 para el sistema de ahorro, fomento e inversión de viviendas; autorización al Poder Ejecutivo para la contratación del seguro colectivo contingencias climáticas agrícolas; la creación del fondo fiduciario para el plan de infraestructura eléctrica alta tensión para zonas aisladas; la modificación de la Ley Electoral que regula el financiamiento de las campañas electorales; y la autorización del uso de expedientes electrónicos para los procedimientos administrativos en el Estado.