Después de una dura semana, en la que la provincia ha sido cuestionada por las torturas realizadas por penitenciarios a internos del penal de Boulogne Sur Mer, el Senado provincial dio un paso adelante en materia de protección de derechos. Ayer obtuvo media sanción el proyecto del protocolo contra la tortura, impulsado, sobre todo, por la legisladora del ARI, Alejandra Naman. La senadora dio un vehemente discurso en el que defendió la necesidad de que exista un organismo extrapoder, descentralizado, autárquico y transparente, para oficializar visitas y controles a los penales de la provincia.

Además, crea la figura del procurador, una especie de ombudsman de los privados de libertad. Además, se da lugar a la formación de un comité, de entre 4 y 12 miembros, propuestos por organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger los derechos humanos y que cuenten con personería jurídica. También los postularían las universidades. Tanto Naman como el radical Sergio Bruni y el demócrata Carlos Aguinaga defendieron la creación de este organismo y criticaron la actuación del Ejecutivo en cuanto a lo sucedido en Boulogne Sur Mer