Una comisión especial del Senado comenzó a discutir ayer en un clima dramático l a expulsión del Parlamento italiano del líder de la centroderecha y tres veces ex primer ministro Silvio Berlusconi, de 77 años, condenado en forma definitiva a cuatro años de cárcel por fraude fiscal el 1° de agosto. Acorralado por una ley que su mismo grupo votó hace un año y que excluye de las cámaras a sus miembros condenados por la justicia, Berlusconi reaccionó con desesperación durante el mes de veraneo político y ayer volvió a través de su gente a lanzar el ultimátum de hacer caer al gobierno si no lo salvan del seguro final de su larga carrera política.

La Corte de Casación confirmó las sentencias que condenaban a Berlusconi a cuatro años de prisión por haber creado fondos negros y maniobrado para evadir impuestos por siete millones de euros en los años 90. El sistema fraudulento le permitía inflar los precios de películas y series de TV para Mediaset, la empresa madre de su imperio televisivo que domina la televisión comercial privada, materiales comprados a socios complacientes en Hollywood. La maniobra sirvió también para crear cuentas “negras” que alimentaban coimas, negocios y corruptelas.

Esta condena definitiva ha sido un mazazo demoledor para Berlusconi, que durante veinte años dominó la vida política italiana y es aún un gran protagonista.

La centroderecha de “Silvio nazionale” es socia con varios ministros del gobierno que encabeza el socialdemócrata del partido Democrático Enrico Letta. Una coalición contra natura de las dos fuerzas políticas más grandes y antagónicas en Italia. Esta convivencia forzada por la inexistencia de un partido mayoritario en el Parlamento, amenaza hundirse en la crisis determinada por la condena definitiva de Berlusconi. Los plazos van acogotando al Cavaliere. El 15 de octubre irá al arresto domiciliario por su edad avanzada para cumplir un año de prisión, porque gracias a una ley de aministia le han sido condonados los otros tres años de la condena.

Cuatro días después, la Corte de Apelaciones de Milán deberá fijarle hasta tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una pena accesoria que le impedirá ser reelegido en el Parlamento o ser ministro en el futuro.

Pero perder la condición de senador es el peor escenario inmediato que teme Berlusconi, porque abrirá las puertas a nuevas acciones judiciales y hasta algún fiscal podría hacerle pasar al menos unos días en una oscura galera. “No duermo desde hace un mes”, confesó Berlusconi la semana pasada, refugiado en su lujosa residencia de Arcore, un suburbio de Milán, que fue escenario de las festicholas Bunga-Bunga con jóvenes poco vestidas y hasta alguna menor. Un tribunal lo condenó a siete años de cárcel por estas andanzas y esta es otra amenaza destructiva para su futuro, cuando el caso termine en el Supremo Tribunal de la Casación, para una condena firme.

En la Junta del Senado que debe votar la suerte de Berlusconi, el PD y otras fuerzas de centroizquierda cuentan con una mayoría de 14 votos contra 8 de los “berluscones”, como los llaman.

Para ganar tiempo, que necesita como el oxígeno, Berlusconi y sus abogados han presentado a través de sus senadores mociones previas con recursos a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Corte Constitucional italiana y el tribunal europeo de Estrasburgo. Sostienen que la ley que hace decaer de su cargo a un parlamentario condenado definitivamente a la cárcel, no puede aplicarse a casos que se produjeron antes de la sanción de estas normas legales.