las entidades comprendidas que otorgarán preferencia a la adquisición o

locación de bienes de origen nacional, alcanzando, además de al Estado

Nacional, a las licenciatarias de servicios de telecomunicaciones, energía,

transporte, explotaciones mineras y petrolíferas

La norma establece que los organismos citados deben abastecerse con la

industria nacional cuando ésta compite en calidad y precio con la oferta

extranjera. “Es decir, el criterio no es proteccionista, sino

desarrollista”, puntualizó Guinle.

Antecedentes

Otros países implementan esta política del “compre nacional”: EEUU mediante

la Buy American Act, tiene una política de compras gubernamentales, incluso

cuando los bienes a adquirir son estratégicos se resguardan de que las

contrataciones se realicen total o parcialmente a industrias nacionales.

También Canadá y Japón tienen preferencias por su industria nacional así

como México, Venezuela, Paraguay y Uruguay. En Italia y Brasil, la

preferencia por su industria nacional tiene incluso jerarquía

constitucional.

Según estimaciones que realizó la Asociación de Industriales Metalúrgicos en

el año 2009, si se sustituye el 50% de importaciones que realizan en la

actualidad los organismos previstos por la ley, se podrían generar 208 mil

nuevos puestos de trabajo genuinos. Una estimación conservadora según indica la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, para el 50% de sustitución de importaciones, la recaudación impositiva adicional sería de 875 millones de dólares anuales, a los que habría que agregar lo que recauden las

provincias y municipios y las reducciones de subsidios por desempleo y otros gastos asistenciales.