Ayer, en la primera audiencia convocada por el ministerio público, las partes no llegaron a un acuerdo sobre el control de la obra ni en la manera y las condiciones de reincorporación de los obreros despedidos que trabajaban en la construcción de 70 viviendas del proyecto "Sueños Compartidos". Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se defina la jurisdicción donde continuará la causa judicial.

Si bien podría haber un principio de acuerdo dado por la posibilidad de que el Movimiento 17 de Julio proponga a técnicos para controlar los trabajos en el predio del Campo de Tiro, el punto de la discordia es sin dudas la permanencia en el proyecto de Sena, Marcela Acuña y Quintín Gómez. Al respecto, durante la audiencia los obreros condicionaron su retorno a la obra siempre que los tres líderes también fueran restituidos. Sin embargo, los apoderados de la fundación fueron tajantes: las fuentes laborales podrán ser restituidas a los 117 trabajadores despedidos, pero no a los tres cabecillas de la agrupación.

Cerca de las 11, una columna de unos 50 trabajadores pertenecientes al MTD 17 de Julio encabezado por Sena marchó desde la Plaza 25 de Mayo hasta el frente de la Dirección Provincial de Trabajo, donde a las 11,30 estaba convocada la audiencia de conciliación obligatoria con la fundación ejecutora de la obra. Tras una hora de deliberaciones, la reunión pasó a un cuarto intermedio y, cerca de las 13, la agrupación se retiró del lugar.

Sin embargo, en la dependencia pública permanecieron hasta pasadas las 14 los abogados de las partes en litigio, definiendo detalles del acta labrada y de la nueva reunión. El día y la fecha de la nueva audiencia serán definidos por la Dirección de Trabajo, pero no pasará de esta semana, según adelantaron a NORTE fuentes vinculadas a la causa.

Mañana tensa

Cerca de las 11 y tras confluir en la plaza central de Resistencia, la columna de trabajadores del MTD con Sena al frente marchó hacia la Dirección de Trabajo. Con mucho ruido y cánticos contra Sergio Schoklender (asesor legal de la Fundación Madres de Plaza de Mayo), se instalaron frente al edificio donde ya había varios efectivos policiales. Pasados pocos minutos y mientras el bullicio era cada vez mayor, efectivos de Infantería se apostaron frente a las puertas del edificio.

Tras el ingreso de la abogada patrocinante de los obreros despedidos, llegaron al lugar los tres apoderados de la Fundación: Alejandro Armoa, Sebastián Quintana y Augusto Martins, quienes entraron al edificio escoltados por varios policías y ante el acecho del grupo movilizado por Sena. Adentro, en la mesa de negociación presidida por Analía Teruel, de la Dirección de Trabajo, la representante de los trabajadores pidió especialmente el ingreso de ocho obreros despedidos, quienes brindaron testimonio.

La reunión, que comenzó apenas pasadas las 11,30, se extendió por espacio de una hora y luego pasó a cuarto intermedio. El punto de discordia fue la decisión de la Fundación de apartar a Sena, Marcela Acuña y Quintín Gómez de la conducción de la obra y reincorporar a los 117 obreros despedidos.

Cerca de las 13 y tras recibir la comunicación de quienes participaron de la audiencia y de la letrada patrocinante, Sena decidió el retiro de su gente del frente del edificio público. "No hay trato", le dijo tajante a su "tropa" para luego marchar nuevamente hacia la plaza y desde allí desconcentrarse. Esa propuesta y la promesa de la Fundación de reincorporar a los despedidos serán evaluadas según dijeron- en una asamblea. Sin embargo, la solución parece lejana por la distancia que existe entre una postura y la otra.

Unos y otros

La doctora Zulema Wanenson, abogada de los 117 obreros despedidos por la fundación, pidió durante la negociación la restitución de las fuentes laborales a todos los trabajadores. "Pedimos que se retrotraiga la medida porque esta no es una provincia que esté en condiciones de darse el lujo de echar a 117 familias a la calle", señaló.

"Vamos a tratar de que la medida de retrotracción se mantenga y que el despido no siga su curso", remarcó la letrada, quien planteó en la mesa de conciliación que no se trata de despidos aislados sino de un conflicto colectivo con despidos masivos. Asimismo, confió en que Schoklender cumpla con la promesa de reincorporar a los despedidos, según había adelantado a NORTE el pasado domingo.

Por su parte, Sebastián Quintana, apoderado en el Chaco de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, aseguró que es voluntad de la institución reincorporar a todos los trabajadores despedidos. "El problema es que no quieren acceder a que la Fundación controle la obra", explicó. Ponderó que existe un incipiente punto de acuerdo, ya que los obreros propondrían el personal técnico encargado de controlar los trabajos, y luego la Fundación decidiría si avala esas designaciones.

Recordó Quintana que el conflicto se inició cuando técnicos de esa entidad intentaron ingresar a la obra y el acceso les fue negado. "Al no tener más control sobre quiénes trabajaban y sobre los materiales que se ocupaban, lógicamente la obra no podía seguir", explicó. Asimismo dijo que los despidos son legales porque el convenio colectivo que se aplica para el caso es el de la UOCRA. "En la carta documento se agregó que las cuestiones de fuerza mayor se dieron porque Sena no dejaba entrar al personal de la Fundación", detalló.