Tras el pedido de los comerciantes de barrio Alta Córdoba para reabrir las calles del barrio, la Policía retiró el vallado que se mantenía desde hace dos semanas 300 metros a la redonda de la zona de la explosión.

Daniel Angeletti, en nombre de más de 30 comerciantes de la zona, envió una carta dirigida al Gobernador, al intendente de la Ciudad y al jefe de Policía, pidiendo que se habilite la circulación por las calles del barrio.

Finalmente, las calles se reabrieron ayer, medida que fue celebrada por los vecinos y comerciantes del lugar. Los comercios más afectados y que respaldaban la misiva, se encuentran ubicados sobre calles Góngora, Urquiza, Avellaneda, Rodríguez Peña, Mendoza, Argensola, y Anacreonte, colindantes entre 100 y 300 metros del lugar de la explosión.

La carta fue enviada “con el fin de solicitarles que abran las calles aunque sea media calzada, que tengan piedad y compasión”.

El galpón era alquilado

En tanto, la causa por la explosión en la Química Raponi en Alta Córdoba suma un nuevo capítulo luego de que ayer se conociera que el depósito no pertenece a Sergio Raponi, quien fue detenido y está imputado por el delito de «estrago doloso calificado», sino que es propiedad de una mujer mayor de 75 años.

Se trata de Estela García, quien desde 2002 le alquilaba el predio a Raponi por una suma mensual de 5 mil pesos, según dio a conocer ayer su abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini. 

La mujer “tenía como único ingreso la renta del galpón dado que es mayor de edad, ahora se quedó sin el terreno, sin el galpón y sin la renta. Es damnificada y no tiene ningún tipo de responsabilidad civil ni económica sobre lo ocurrido”, dijo y anticipó que en los próximos días realizará una presentación judicial en Tribunales. 

El martes la fiscal Eve Flores, a cargo de la causa, rechazó la excarcelación de Sergio Raponi y agravó la situación del acusado al cambiar la imputación de estrago culposo a “estrago doloso calificado por el resultado mortal”.

Es luego que se diera a conocer que la explosión de la planta se produjo en una parcela que no estaba habilitada por el municipio y tras la muerte de María Angelina Cueto, la mujer que se encontraba internada en grave estado.