Esta semana, los piqueteros dirigidos por Emerenciano Sena se reunirán con los representantes de la fundación Madres de Plaza de Mayo con la mediación de la Dirección de Trabajo. En tanto, continuará la investigación de la Justicia federal para determinar si efectivamente se cometieron los delitos que denunciaron ex trabajadores.
Hace una semana el barrio era el epicentro del choque entre los piqueteros agrupados en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) y un grupo que dirigía el apoderado de Madres, Sergio Schoklender. Ayer el escenario era muy diferente: las 16 familias que siguen ocupando las viviendas desarrollaron sus actividades con normalidad, hubo una pollada para recaudar fondos y la obra sigue parada en la espera de su reiniciación. El escándalo, que terminó con la paralización de la construcción de viviendas y posterior despido de todos los obreros, comenzó a mediados de febrero con la denuncia que presentaron una decena de ex empleados.
Tras varias acusaciones cruzadas, el clima más tenso se vivió el domingo pasado, cuando las dos barras chocaron en el portón de acceso al barrio Emerenciano. El enfrentamiento no dejó heridos, pero faltó poco para que pasara a mayores.
Así las cosas, durante la semana pasada se intentaron dos conciliaciones que fracasaron y mañana se agotaría, en caso de no haber un entendimiento, esta posibilidad de negociar.
Los piqueteros señalaron que quieren volver a trabajar en el predio, pero no lo harían si estuviera en peligro su vida; en otras palabras: si la obra la dirige el apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.
En la vereda opuesta está Schoklender, quien no tendría problemas en reincorporar al personal, pero sin la presencia de Sena y el grupo de dirigentes que le brindan el soporte.
Ambas posiciones son extremas, más tomando en cuenta las declaraciones que se hicieron desde ambos bandos. Desde golpes bajos hasta amenazas hicieron subir aún más la tensión.
Más allá de que comenzaron a calmarse las aguas, aún queda mucha presión que podría estallar en cualquier momento. Un roce es suficiente para que la violencia recrudezca rápidamente.
Se esperaba que entre hoy y mañana el fiscal federal Gustavo Corregido hiciera una inspección al barrio para dialogar con los vecinos y confirmar algunas de las denuncias que están en su despacho.
Desde la semana pasada, el trato de los piqueteros es muy diferente. Los medios de prensa pueden ingresar en el predio para dialogar con los vecinos y trabajadores despedidos.
"Las denuncias de servidumbre y supuesta trata de personas no tienen asidero, porque no hay impedimento para entrar o salir", manifestó ayer una de las dirigentes que estaba a cargo de cuidar el predio.
"No quieren que Sena ayude a los pobres", mencionó la piquetera, mientras otros vecinos declararon que no son ciertas todas las denuncias que se presentaron contra Sena. Detallaron que "fueron ellos quienes resolvieron usar parte de sus salarios para financiar ollas populares que se instalaron en distintos barrios. Es cierto, nosotros cedimos parte de nuestro salario, porque no nos olvidamos de dónde salimos; si hubo alguien que no quiso aportar es porque no quiere recordar de dónde viene".
Todos los presentes ratificaron que ellos no abandonarán el predio que ocuparon, y en el caso de que la fundación no quiera continuar con el plan, tratarán de buscar ayuda en la provincia.


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