La decisión se produce mientras el colectivo etarra sufre una falta de cohesión interna -según estima el Ministerio del Interior- y poco después de que se anunció una huelga de hambre de parte de sus integrantes para reivindicar su estatus de prisioneros políticos que estiman que les corresponde y denunciar la política penitenciaria.

El País identifica a los nuevos disidentes como Fernando de Luis Astarloa, Josu García Corporales, Luis María Lizarralde Izagirre, Andoni Altza Hernández, José Manuel Fernández de Nanclares y José Antonio Hernández Velasco. El diario cita una carta en la que los etarras, condenados por numerosos atentados, anuncian su "desvinculación por voluntad propia" de la banda.

Los presos también niegan la expulsión de ETA de otros nueve integrantes: José Luis Alvarez Santacristina, Txelis; Kepa Pikabea, Joseba Urrusolo Sistiaga, Karmen Gisasola, Iñaki Rekarte Ibarra, Andoni Muñoz Berrio, Valentín Lasarte, Esteban Murillo y Jorge Uruñuela. La carta indica que estos "tomaron la decisión de desvincularse del colectivo de presos políticos vascos".