A mediados del año pasado, en base a un artículo periodístico publicado en 0223.com.ar, el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, actuó de oficio y denunció presuntas irregularidades en el destino de los casi $ 14 millones que envió el Gobierno Nacional al Municipio de General Pueyrredon.

En la denuncia, el Fiscal Federal hizo hincapié, entre otras, a manifestaciones del entonces Jefe de la Policía Distrital Centro, Comisario Inspector Gustavo Salvá.

En la oportunidad, el funcionario de la Justicia indicó que los dichos de la ex autoridad policial “resultan de suma gravedad, no sólo porque quien las vierte es un funcionario público en actividad que forma parte del sistema penal, lo que permite inferir que en conocimiento de la responsabilidad que le compete por la calidad que inviste sus dichos están sustentados en elementos de convicción suficientes para abrir el debate público, sino también, porque de las mismas se desprende la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial contra la administración Pública Nacional, dado que se pone en tela de juicio el manejo que el Poder Ejecutivo de esta ciudad ha efectuado en relación a los fondos que le fuesen girados por el Estado Nacional para combatir la inseguridad en el marco de un plan integral”.

También el Fiscal entendió que “las sospechas sembradas por el Comisario Inspector Salvá permiten presumir que de constatarse a partir de la apertura y profundización de la investigación que se incoa la comisión de un hecho ilícito, el mismo se subsumiría entre otros, en el tipo penal previsto y reprimido por el artículo 174 inc. 5 del Código Penal, calificado como ‘Defraudación contra la Administración Pública'”.

Por su parte, el Juez Federal Alejandro Castellanos no hizo lugar al pedido formulado por el Secretario de Gobierno de la Comuna, Ariel Ciano, para ser tenida a la Municipalidad como parte querellante en la causa Nº 17.071 caratulada "Pettigiani Juan Manuel s/ Dcia" por la cual se investiga la posible defraudación y/o malversación de caudales públicos en los fondos destinados por el gobierno nacional a la Comuna para mejorar la seguridad en esta ciudad.

En su resolución, el Magistrado indicó que el Fiscal Kishimoto, quien lleva adelante la causa, dio cuenta que resulta materia de investigación el “presunto desvío y/o sustracción por parte de funcionarios públicos de la Municipalidad de General Pueyrredon, de dinero proveniente de fondos nacionales, lo que no habrían sido rendido por el intendente de la Municipalidad de General Pueyrredon”.

“Hasta tanto no se cuente con un cuadro más acabado sobre la entidad y gravedad de la maniobra ardidosa, como así también, la identificación de los eventuales partícipes en la misma, no es posible despejar las sospechas de responsabilidades que el agente fiscal ha deslizado respecto de los funcionarios y agentes del gobierno municipal en su requerimiento instructivo”, remarcó el Juez.