El jefe de Policía de Córdoba, Julio César Suárez, y el ministro de Gobierno, Walter Saieg, dejaron a los legisladores con más preguntas que respuestas tras su presentación ayer en Labor Parlamentaria, donde asistieron para informar sobre las políticas de seguridad de la Provincia. Legisladores que hablaron con este diario, indicaron que ni Saieg ni Suárez brindaron datos estadísticos sobre la situación local en seguridad. Según el jefe policial, la inseguridad bajó un 60% en la provincia, pero no dijo respectó a qué parámetro. El radical Rodrigo De Loredo reclamó estadísticas, pero los funcionarios afirmaron que no estaban disponibles. La juecista Liliana Montero, presidente del bloque del Frente Cívico, preguntó su existía un mapa del delito, y le respondieron que sí, pero que no iban a exhibirlo. “El delito bajó, pero no tenemos el apoyo de la prensa para difundirlo”, fue la particular excusa de Suárez.
No estuvo presente el casi desconocido Matías Pueyredón, secretario de Seguridad. Los funcionarios relativizaron los hechos de gatillo fácil y abuso policial que regularmente se viven en la provincia. Al recordársele el reciente caso del asesinato de “Were” Pellico, en barrio Los Cortaderos, el jefe de la fuerza de seguridad dijo que el pibe era un “delincuente”. El socialista Roberto Birri le reprochó sus consideraciones, pero Suárez reforzó su parecer. En el marco de la investigación por el caso Were, trascendió que el fiscal que investiga, Pablo Molina, fue amenazado por Suárez, al igual que el periodista Dante Leguizamón (ver página 16).
En su presentación, Suárez y Saig lograron la poco frecuente coincidencia de la oposición legislativa al Gobierno provincial: de una u otra forma todos criticaron la falta de datos y de precisiones. “En las casi tres horas que duró la reunión, no dijeron nunca qué piensan hacer con la política de seguridad de la Provincia; hablaron de proyectos en el interior, a través de las comunidades regionales, mencionaron la inversión en equipamiento, pero cuando les pregunté por los sobreprecios pagados en las compras (de insumos policiales), me respondieron que investiga el Tribunal de Conducta policial y la Justicia, y nada más”, señaló Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal.
Otro tema que quedó sin respuesta, planteado por Montero, fue cuántos policías están actualmente investigados por el Tribunal de Conducta de la Institución. Tampoco se dieron datos sobre detenciones por aplicación del Código de Faltas, solicitadas por Birri. Con varios furcios e imprecisiones se mostraron confiados en el funcionamiento de la Policía Antinarcótico, creada como respuesta política del delasotismo al “narcoescándalo”, aunque ponderaron los secuestros de drogras realizadas en el marco de operativos policiales.
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