El ministro de Seguridad ,Carlos Aranda, vuelve a la carga por la ley de emergencia en Seguridad. "Mi postura siempre fue a favor de la ley de Emergencia. Además de ser un planteo puramente económico es conceptual. En seguridad no podemos bajar los brazos y es necesario seguir trabajando en una situación de emergencia para que todos estemos atentos", argumentó.

O en todo caso una ley especial que exclusivamente autorice a realizar compras directas.

El planteo será presentado formalmente a la bicameral de Seguridad esta tarde. El objetivo primario que persigue Aranda, a casi tres meses de asumir al frente de la cartera de Seguridad, es flexibilizar el sistema para la adquisición de bienes y pago de servicios (alquileres entre otras cosas), con lo cual se deja de lado los procesos licitatorios normales y se pasa a la compra directa por medio de la cotización de precios.

"Ellos deberían acompañar si estamos todos ocupados en la seguridad", dijo pateando la pelota hacia el ámbito legislativo.

En tanto, el presidente de la Comisión, el radical Mariano Ficarra, aseguró que no es una buena idea volver sobre los pasos de la anterior normativa. Además consideró que en los dos años que estuvo vigente, venció en agosto de 2009, no tuvo "los resultados esperados".

"Con la sola ley no se solucionan los problemas de seguridad. Es una cuestión de gestión más que de normativas", comentó.

La ley de Emergencia fue una de las apuestas de Celso Jaque apenas asumió el rol de gobernador. Movido por su promesa electoral de reducción del delito, impulsó la norma que fue aprobada en enero de 2008. En febrero de 2009 se dio una prorroga y 8 meses más tarde finalmente quedó sin efecto.

En ese momento Carlos Ciurca se mostró satisfecho con la norma que le permitió ejecutar un 90% de lo previsto, por lo cual no solicitó una nueva extensión.

En la actualidad Aranda tiene margen para maniobrar pero no significa que sea esquivo a tener algunas facilidades para cumplir con sus funciones.

El ministro reconoció que tiene "necesidad" para comprar "los equipamientos que demanda la policía lo más rápido posible y así brindar una respuesta eficiente", dijo.

"Con un proceso licitatorio normal que empiece hoy para comprar por ejemplo camionetas, con suerte las voy a tener en agosto o setiembre. En emergencia se reduce todo a 60 días", graficó.

También remarcó que la flexibilización trae consigo beneficios económicos para el Estado porque al "acelerar los procesos de compra se obtienen mejores precios en los bienes. Una persona que va a vender algo y tiene que fijar precio, lo va a entregar en agosto y va a cobrar a fin de año. Evidentemente tiene que hacer todas las previsiones económicas de acá hasta diciembre".

Aranda afirmó que se mantendrán los controles de Fiscalía de Estado "para dar el visto bueno y análisis previo" de cada operación como así también remitir "copia certificada de cada expediente a la Bicameral de Seguridad".

Para la oposición el pedido no tiene sustento. Ficarra cuestionó la utilización de la anterior ley de emergencia. "No hubo agilidad en los procesos de compra". Por ese motivo "si no dio resultados, entonces para qué ir por una segunda ley", se preguntó.

Además sostiene que "en la flexibilización del sistema licitatorio se pierde transparencia".