El gobernador Francisco Pérez afirmó que “sacarse una foto no es la forma de solucionar el problema” y de esta manera desactivó la convocatoria amplia a los partidos opositores para discutir la política de seguridad.

En medio de la conmoción por el asesinato del médico Sebastián Prado, Pérez había abrazado la posibilidad de reunirse con la oposición para revivir otra vez la postal de la política de Estado en seguridad que se estampó en los medios hace 15 años y que se repitió varias veces desde entonces.

Pero en menos de una semana, cambió la estrategia : “No queremos llevar una política pública a una discusión electoral y que haya especulaciones. Vamos a convocar a los presidentes de los partidos de manera individual y para tratar temas puntuales. Esto tiene que ser expeditivo, no declarativo”, expresó el mandatario a través de Elevediez.

Y recalcó: “No voy a hacer la típica de sacarse una foto y que después cada uno salga y diga lo que quiera”.

Poco después del anuncio de la convocatoria, algunos candidatos opositores salieron a pegarle al Gobierno por proponer parches en el sistema de seguridad y aplicar medidas que no apuntan a la prevención del delito, sino al esclarecimiento de lo que ya pasó.

Justicia. A pesar de los cuestionamientos, Pérez no criticó el accionar policial y en su lugar prefirió enfocarse en los cambios que impulsa a nivel judicial y que arrancaron esta semana con el anuncio del traspado de 170 efectivos de Investigaciones a la Procuración de la Corte, en lo que sería un primer paso para crear la Policía Judicial.

En este sentido, el gobernador confirmó un proyecto para que haya más juzgados de garantías y que, consecuentemente, se agilicen las órdenes de allanamiento cuando la Policía detecta bandas, además de insistir, por otro lado, en que mejorar la inclusión sirve para evitar la inseguridad.

El proyecto que Pérez consensuó con la Corte y el procurador Rodolfo González consiste en fusionar juzgados de garantías y correccionales para que en total sean diez y que se amplíen las jurisdicciones, iniciativa que, según confirmó, irá a la Cámara de Diputados con el de declaraciones de bienes de los funcionarios de todos los poderes.

Sobre las acciones de seguridad en el ámbito de la Justicia, Pérez también reclamó especialización de los fiscales en rubros como el robo de automotores y sostuvo que hay que articular medidas con la Justicia para salir de la crisis. “El accionar de la Justicia también es de prevención”, aseguró.

Policía. Pérez también eludió críticas por el funcionamiento operativo de la Policía y en su lugar admitió que le faltan efectivos.

El gobernador señaló que la Policía mendocina tiene menos de 9.000 uniformados y que ese número no alcanza para atender la demanda de los 1,8 millones de habitantes de la provincia, de los cuales 1 millón viven en el Gran Mendoza.

En este sentido detalló que están por egregar 250 uniformados, pero se jubilaron a la vez 400. “Hemos incorporado policías jubilados para tareas administrativas y sacamos a casi todos los policías a hacer patrullaje. Además, tenemos 600 hombres en el área de Investigaciones. Pero es un tema complejo”, expresó.