Enyesado y en muletas. Escondido adentro de un mueble. A través de un boquete de dimensiones mínimas. Poniéndole un somnífero a un guardia en una empanada. Saltando el alambrado perimetral para luego tomarse un remís. Pegándole un cabezazo a un policía... La inventiva de los presos para evadirse del encierro no se agota. Hay variantes, muchas de ellas insólitas, pero también sospechosas.

Según un relevamiento de Clarín, en los últimos tres meses se escapó un recluso por día de distintas cárceles del país. En total, hubo 30 fugas: casi la mitad fueron en la provincia de Buenos Aires (13 casos).

Del resto, 9 ocurrieron en Río Negro; 2 en Misiones y en Jujuy; y 1 en Chubut, Neuquén, Santa Fe y Tucumán. En 85 días, consiguieron evadirse 89 presos. Apenas fueron recapturados 35.

La más resonante ocurrió el 19 de agosto en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Trece reclusos hicieron un boquete –de 23 centímetros por 40– en el piso de hormigón armado de una celda. Según el Servicio Penitenciario Federal (SPF), todos pasaron por allí y siguieron por un túnel hasta el exterior, aunque algunos tienen dudas de que esto haya ocurrido así. Los alambrados perimetrales estaban cortados estratégicamente y señalizados para que los atravesaran por el punto justo.

Nadie vio nada o, lo que es peor, se hizo la vista gorda.

Hasta el momento, lograron atrapar a ocho de ellos.

La serie de escapes se ha producido por distintos motivos que dejan una conclusión contundente: la absoluta fragilidad del sistema penitenciario. En esto se combinan factores como la corrupción, la connivencia, la falta de recursos, la desidia y la negligencia.

“Muchas de las evasiones que hubo en distintas cárceles son irrisorias. Esto habla de que no hay siquiera una tarea de precaución en la vigilancia”, le dice a Clarín el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo. Para el funcionario, “si hay una fuga tan espectacular y no pasa nada con los guardias corruptos se empieza a generalizar esta idea y alienta a que se repitan los casos”.

En el episodio de Ezeiza, que provocó la caída del director del SPF, Víctor Hortel –lo reemplazó Alejandro Marambio, de perfil más duro que el garantismo del “Vatayón Militante” que pregonaba su antecesor–, 16 agentes penitenciarios fueron apartados.

Sin embargo, mediante una comunicación interna de la dirección del penal, se hizo una “vaquita” de 50 pesos por cada guardia de la unidad para juntar plata para los sancionados. ¿La excusa? Crear un fondo destinado a compensar “en la medida de lo posible la falta de percepción de haberes del personal suspendido”.

Para Mugnolo, esto es “insólito” ya que debería haber “condenas ejemplificadoras para que quienes no hayan cumplido con su deber”. Esto, según su análisis, “es injusto para los que cumplen su tarea”.

Hortel, cuando dejó su cargo, habló de una “factura” que le pasaron desde adentro de la misma institución por el “proceso de transformación” que dijo haber implementado. “No tengo duda de que hubo colaboración y apoyo por parte del Servicio Penitenciario”, apuntó.

De acuerdo al procurador, las fugas se concretan “siempre con participación de adentro, pero también de afuera”.

En algunos casos “salen por la puerta y le dan la mano al de la entrada”, ironiza. Esta situación no es nueva: en 2006, un preso se fugó en moto del Hospital Lagomaggiore, en la provincia de Mendoza, con la ayuda de dos amigos, aunque lo atraparon a los pocos días. Era cuadripléjico.