NEUQUÉN (AN).- El secretario de Educación de la provincia, Ernesto Seguel, ordenó ayer una investigación interna en el CPE para determinar "si existe ilegalidad" en los contratos que involucran a familiares y al chofer de la jefa de esa cartera Patricia Ruiz.

Seguel, máxima autoridad de Educación de la provincia, habló ayer con este diario luego de que se difundiera la investigación que revela la existencia de empresas de familiares de Ruiz, su consuegra y su yerno, que son contratista del CPE, tal como publicó este diario el martes.

Muy cauto pero firme, Seguel dijo que el caso se investigará puertas adentro del Consejo de Educación y aclaró que estas acciones se toman independientemente de lo que haga la justicia donde "entiendo o me pareció entender que hay una presentación del gremio (de la CTA)".

"Vamos a llevar adelante los procedimientos internos que sean necesarios, pero en este momento no podemos hacer una valoración del contenido de la información periodística, tenemos que ser cautos para analizar la situación", sostuvo el funcionario al ser consultado por este diario.

En tanto el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Carlos Quintriqueo, afirmó que la publicación del caso "está en sintonía con lo que venimos denunciando: lo sorprendente es que la justicia no haya actuado de oficio".

Quintriqueo confirmó que los abogados de la CTA están preparando una denuncia penal contra la subsecretaria y titular del Consejo de Educación por el pago de sobresueldos bajo la metodología de las asignaciones de cargos.

"Siempre esperamos que los organismos del Estado tomen acciones ante la gravedad de la denuncia pública pero no pasa nada", se lamentó el dirigente gremial.

La denuncia por los sobresueldos está siendo elaborada por un grupo de abogados encabezados por Juan Kairuz. A esa presentación se sumará la denuncia por el contrato de empresas de familiares y también del chofer de Patricia Ruiz.

La funcionaria admitió el lunes que su consuegra Aída Rosa Wilson es la dueña de una empresa que es contratista del CPE y que su yerno, el contador Diego Gelos, es propietario de una firma que realiza prestaciones al Estado. También comentó que Edgardo Flores es chofer del CPE y que su esposa tiene una empresa que alquila vehículos al organismo.

Flores en realidad es docente, pero fue convocado para ser chofer del organismo.

Ruiz dijo que la empresa está a nombre de la esposa de Flores y que sólo contrata "una Trafic".

Para la funcionaria no hay incompatibilidad en este tipo de contrataciones.

El caso de la empresa de Sym's Track, de su consuegra, fue creada durante la gestión de Ruiz y sólo ha contratado con el Consejo Provincial de Educación al que la alquila autos y le vende diferentes elementos como por ejemplo leche en polvo.

La firma en cuestión tiene una dirección falsa pues en el lugar donde debería estar hay una zapatería. Así lo pudo comprobar este diario durante la investigación.

Aída Wilson vive en una casa ubicada en el barrio Santa Genoveva en una dirección donde también figuran, para los registros del CPE, Diego Gelos y Marlene, una de las hijas de Patricia Ruiz.

La funcionaria admitió que ella conoce "de educación" y no de administración" y afirmó que los controles de las licitaciones están a cargo del contador Agustín Nievas, un histórico funcionario del Consejo Provincial de Educación.

En el marco del escándalo, el diputado Rodolfo Canini envió un pedido de informes a la subsecretaria de Educación. El tema será tratado hoy en la Legislatura.