La definición es el primer párrafo del duro documento con el que la Unión Cívica Radical rechazó el proyecto del gobernador José Alperovich para extender la competencia de los tribunales locales a causas vinculadas con el tráfico de drogas. El trabajo fue elaborado por los equipos técnicos de la fuerza opositora a solicitud del titular de la Junta de Gobierno, el diputado José Manuel Cano.

Según la fuerza opositora, la iniciativa merece severos reparos jurídicos, institucionales y políticos. “Sus falencias tienen un origen en un problema inexcusable para las actuales autoridades: el incremento de la venta y del consumo de estupefacientes tiene su génesis en la complicidad del aparato estatal para con los delincuentes. Si no hay decisión política y autoridad moral para romper ese perverso vínculo, no habrá resolución legal que pueda revertir un crítico cuadro de situación”, advirtieron.

Según la declaración, desde el Acuerdo Cívico y Social se viene advirtiendo sobre la relación que existe entre los denominados “dealers” que operan en los barrios y ciudades, y numerosos dirigentes del oficialismo. “Disponemos de elementos para sospechar que el expediente conocido como de los narcopolicías tiene mucho más para decir del vínculo del poder con los que producen y venden drogas en Tucumán. Insistimos, no se trata de un debate de competencias jurisdiccionales, sino de autoridad política e institucional para atacar a los delincuentes. Si esto no se revierte, la solución que propone el Gobierno podría implicar poner al lobo a cuidar a las gallinas”, insistieron.

Los radicales advirtieron que no está resuelta la cuestión de la competencia en materia de investigación del micro tráfico de estupefacientes.