Se trata de una medida improvisada cuyo único objetivo es poner en cabeza del Poder Judicial, la responsabilidad por la ausencia de políticas estatales para prevenir las adicciones y combatir a quienes lucran con la vida de los ciudadanos, sostuvo el diputado radical José Cano”.

La definición es el primer párrafo del duro documento con el que la Unión Cívica Radical rechazó el proyecto del gobernador José Alperovich para extender la competencia de los tribunales locales a causas vinculadas con el tráfico de drogas. El trabajo fue elaborado por los equipos técnicos de la fuerza opositora a solicitud del titular de la Junta de Gobierno, el diputado José Manuel Cano.

Según la fuerza opositora, la iniciativa merece severos reparos jurídicos, institucionales y políticos. “Sus falencias tienen un origen en un problema inexcusable para las actuales autoridades: el incremento de la venta y del consumo de estupefacientes tiene su génesis en la complicidad del aparato estatal para con los delincuentes. Si no hay decisión política y autoridad moral para romper ese perverso vínculo, no habrá resolución legal que pueda revertir un crítico cuadro de situación”, advirtieron.

Según la declaración, desde el Acuerdo Cívico y Social se viene advirtiendo sobre la relación que existe entre los denominados “dealers” que operan en los barrios y ciudades, y numerosos dirigentes del oficialismo. “Disponemos de elementos para sospechar que el expediente conocido como de los narcopolicías tiene mucho más para decir del vínculo del poder con los que producen y venden drogas en Tucumán. Insistimos, no se trata de un debate de competencias jurisdiccionales, sino de autoridad política e institucional para atacar a los delincuentes. Si esto no se revierte, la solución que propone el Gobierno podría implicar poner al lobo a cuidar a las gallinas”, insistieron.

Los radicales advirtieron que no está resuelta la cuestión de la competencia en materia de investigación del micro tráfico de estupefacientes.