El secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Miguel Montoya, visitó el barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia donde se entrevistó con referentes vecinales. Según la información oficial, fue por orden del gobernador Martín Buzzi a raíz de versiones acerca de que durante los días de la toma de Cerro Dragón "hubo personas tratando de reclutar a reconocidos personajes de malvivir de esta zona".

"Nos cuentan que vino gente a ofrecer entre 200 y 600 pesos por día, además de comida y consumos personales, para ir a Cerro Dragón y al cruce de las rutas 3 y 26 a generar disturbios", reveló Montoya. Así agregó un dato nuevo a "la creciente sospecha de que hubo una mano negra, intereses políticos y económicos a los que les conviene generar confusión, desestabilizar a las instituciones".

A partir de los testimonios coincidentes y otros elementos que maneja el gobierno provincial, "tenemos muy fuertes indicios de que se trató de salir a comprar gente de distintos barrios, que por diversos motivos es muy proclive a caer en tentaciones de este tipo, conocidos del hampa local. Esto es condenable desde lo humano, por esta asquerosa manipulación de las personas, como desde lo político, porque se busca enrarecer el clima y hacer tambalear la convivencia democrática".

Montoya explicó que los datos se aportarán a la investigación judicial. "Acá tienen que pagar absolutamente todos los responsables, de acuerdo al grado de implicación y de seriedad de los hechos. Desde el que rompió un vidrio hasta el que estuvo cargando colectivos con gente para que fueran a hacer destrozos".

"Hay que llegar al fondo de la cuestión para que estas cosas tan graves no vuelvan a suceder -añadió-. Este conflicto nos trajo y nos sigue trayendo severos perjuicios, y creemos que hay alguien que se beneficia de esto. No puede ser casual que estas cosas ocurran al mismo tiempo que en el país se toman decisiones trascendentes en soberanía energética".

Por otro lado, de acuerdo con datos reservados que recibió el gobierno de fuentes cercanas a la conducción de los Dragones, el último año el grupo recibió aportes por 2.432.401 pesos provenientes de una sola empresa: Contreras Hermanos, contratista de obras civiles muy vinculada a Pan American Energy.

Según la prensa oficial, un informante allegado a la cúpula de la organización le dijo al gobierno que el 21 de junio, coincidentemente con el inicio de la toma de Cerro Dragón, el grupo retiró 540 mil pesos de su cuenta bancaria, los cuales se sospecha que fueron utilizados para financiar y potenciar el conflicto. Según el gobernador Buzzi, "a medida que recibimos datos de diversas fuentes, incluyendo información de gente muy cercana a la conducción de Dragones, queda más claro el trasfondo de la cuestión. Queda en claro que hay trabajadores que adhieren de buena fe porque creen que hay un reclamo legítimo, pero también hay algunos vivos que están haciendo un negocio formidable".

"Así como hay trabajadores Dragones, hay empresas Dragonas. Contreras es claramente una empresa Dragona, que demostró connivencia total con este grupo protagonista de hechos vandálicos y violentos que perjudican a toda la comunidad”.

“Es otro frente que debe abordar la investigación judicial, que necesariamente debe ir a fondo, porque estos son hechos gravísimos y que, a medida que vamos conociéndolos más, nos damos cuenta de que son producto de una trama compleja, diría casi mafiosa", denunció Buzzi. En cuanto a los fondos, "habría que ver en qué se gastaron esa plata. Sería tan grave que haya sido volcada a financiar acciones vandálicas como que haya ido al bolsillo de unos pocos", indicó.

El informe reservado detalla que en más de 19 depósitos bancarios, Contreras Hermanos realizó transferencias que van de los 18 mil a los 300 mil pesos, con meses en los que se realizaban hasta 3 depósitos por sumas importantes.

En los primeros seis meses del año los Dragones recibieron cerca de un millón de pesos: en enero fueron dos depósitos de 190 mil y 169 mil pesos; uno en febrero, por 96 mil pesos; otro en marzo por 109 mil pesos; uno en abril por 120 mil pesos; uno en mayo por 114 mil pesos y en junio uno por 122 mil pesos. O sea, casi un millón de pesos.#

Todo llegó a las redacciones vía canales oficiales del gobierno de Buzzi. Los dichos de Montoya resultan de una gravedad mayúscula. Entre otras cosas, revela que “repartían entre 200 y 600 pesos por día para ir a generar disturbios”. El propio comunicado señala que el secretario Legal y Técnico de Chubut consiguió esos datos tras entrevistarse con “diversos referentes vecinales” en el barrio Abásolo de Comodoro Rivadavia, lugar al que acudió por sugerencia del propio mandatario provincial. Esta acusación tiene sus bemoles: obliga a encontrar culpables porque si no se logra ese objetivo la mancha no sólo será grande sino que, además, tendrá alcances insondables pues la cantidad de sospechosos será determinada por los lectores de la noticia a libre albedrío, y las identidades también.

El caso de la ejecución de deuda por 7,5 millones de pesos, también anunciado ayer, resulta por lo menos llamativo: la empresa la contrajo, informaron, entre enero de 2005 y diciembre de 2009. La pregunta del millón es por qué se ejecuta ahora y no durante todos estos años. El Estado, ahí, falló.

La respuesta de la empresa no se hizo esperar. Anoche distribuyó un comunicado en el que relata su actual situación después de los hechos y aclara allí, textualmente, que los mismos se dieron –de alguna forma- porque “no contó con el auxilio de fuerzas de seguridad de la Provincia como para evitar la toma de sus instalaciones” y que “tampoco obtuvo una rápida intervención para reponer en tiempo real el control de la empresa sobre instalaciones estratégicas para la Provincia y la Nación”.

Pan American también señala que “luego de haberse retirado los ocupantes ilegales, dejando tras de sí instalaciones devastadas, no hubieron fuerzas de seguridad que garantizaran el tránsito entre Comodoro Rivadavia y Cerro Dragón” y que “tampoco hubo jueces que acogieran las denuncias y procedieran a la aceptación de su competencia, que investigaran rápidamente las pruebas recogidas y detuvieran a quienes resultaran los más evidentes responsables. Al día de hoy, no se imputó ni se tomó declaración a persona alguna”, afirma.