Ante los acontecimientos de público conocimiento sobre el accionar de una empresa local de gestión de créditos prendarios para la adquisición de vehículos y rodados de gran porte, VICCAR S.A. y la intervención de la Defensoría Del Pueblo por reclamos presentados por clientes que abonaron en su totalidad importantes sumas de dinero, en concepto de "anticipo y gastos de reserva" solicitados por la sociedad para realizar la gestión contratada y a quienes no se les hizo entrega del vehículo en el plazo prometido, desde el Organismo de la Constitución se señaló la importancia de buscar asesoramiento antes de suscribir contrato alguno.

Del mismo modo se instó a tomar todos los recaudos necesarios para informarse con exactitud sobre las características, precios, conceptos y condiciones de la comercialización del bien, para evitar incurrir en errores o engaños inducidos por una publicidad poco clara cuyo objetivo, precisamente, es atraer al consumidor potencial y captar la mayor cantidad de clientes, que en el caso puntual de VICCAR S.A. por el tipo de convenio utilizado según lo verificado por el Organismo, apunta a obtener mayor número de suscriptores, aún cuando el conocimiento del mercado financiero y la experiencia adquirida en la gestión por la oferente, sepan de antemano la posibilidad del rechazo del crédito por la entidad crediticia y/o banco ante la imposibilidad económica del solicitante del crédito de afrontar su pago. La oferta de un bien es siempre persuasiva y no informativa, por ello a la luz de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial y de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor debe conocerse de manera acabada y total el contenido del contrato, que en definitiva, es el instrumento que establece los derechos y obligaciones de los contratantes y las sanciones ante el incumplimiento de los compromisos asumidos, todo ello para evitar se consumen engaños, dolos o fraudes a la buena fe por convenios con cláusulas predispuestas y entre los que claramente se verifica el divorcio entre lo publicitado y lo convenido.