El Acuerdo Cívico y Social (ACyS) reclamó a la Justicia que actué con celeridad e imparcialidad para investigar y castigar a los agresores de la concejala capitalina Sandra Manzone. Según los referentes de la lista que encabeza el radical José Cano, “es inadmisible que la fiscal de turno haya dispuesto allanamientos en menos de 48 horas ante un pedido de la presidente provisional del Senado (Beatriz Rojkés de Alperovich) por las fotos de su viaje a Dubai y aún no haya tomado medidas contra los vándalos que atacaron a los dirigentes opositores durante una visita al Barrio Independencia en la campaña electoral por las PASO.

"La señora de los ojos vendados tiene la balanza inclinada en Tucumán. Los casos que preocupan a los dueños del poder se resuelven rápidamente, pero otros duermen en los laberintos procesales. Los agresores de Manzone están claramente identificados e incluso trabajaron como punteros políticos el día de la elección al comando del interventor de la Caja Popular, Armando Cortalezzi. Les preocupa más que se difundan fotos de unas lujosas vacaciones, antes que castigar a patoteros que responden al oficialismo. Encumbren a los violentos", disparó Cano.

El candidato a diputado por el Acuerdo Cívico y Social advirtió que su sector político no cesará en el reclamo para que se esclarezca la agresión sufrida hace un par de semanas en la zona sur de San Miguel de Tucumán.

Ese día, mientras Manzone y otros referentes del ACyS visitaban el barrio Ejército Argentino, en una caminata de campaña de cara a las PASO del 11 de agosto, fueron insultados y atacados a golpes por un grupo de personas que se identificaron como seguidores del interventor de la Caja Popular de Ahorros, Armando “Cacho” Cortalezzi. “Este es nuestro territorio y no van a pasar”, fue una de las amenazas proferidas a los opositores, que realizaron la denuncia penal correspondiente, sin que hasta el momento la causa haya avanzado.

A propósito, Cano expresó: "Combatimos la impunidad de los Alperovich. No se trata de un hecho de violencia aislada, sino de la actitud intimidatoria de quienes se creen dueños del Estado. Así actúa Cortalezzi en la Caja Popular, el intendente Daniel Toledo en Yerba Buena y el gobernador en sus dominios feudales. El problema que tienen es que la sociedad ya no los tolera y que ha comenzado a decirles que no en las urnas. Es hora que la Justicia haga lo propio", concluyó.

Silvia Elías de Pérez, en tanto, recordó que la causa DAU es otra muestra del doble estándar judicial de Tucumán. "Se apuran para resolver un pedido de la primera dama y aplacar su indignación. Pero la denuncia por un hecho de corrupción por montos millonarios cumplió un año sin que no se haya producido ninguna novedad", concluyó.