Lo que se inició hace varias semanas con una denuncia de las autoridades de la División Reconocimiento de Ciudadanos (ex Antecedentes Personales) de la Policía de la Provincia, tras advertir un certificado de buena conducta falsificado, se transformó en una profunda investigación en la que ya se descubrieron casi medio centenar de documentaciones apócrifas de este tipo.

El delito penal se detectó durante el análisis de las carpetas de habilitaciones de remises que fueron secuestradas la semana pasada por personal de la División Delitos Económicos en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de la Capital, durante los allanamientos dirigidos en el lugar por la jueza del Crimen de Primera Nominación, María Lucrecia Martínez Llanos.

Fuentes ligadas con la causa señalaron que los certificados de buena conducta apócrifos pertenecen a remiseros y propietarios de vehículos de alquiler. Esta documentación era uno de los requisitos que debían presentar en el organismo comunal para lograr la habilitación de vehículo y brindar el servicio de transporte de pasajeros.

A principio de la investigación algunos remiseros fueron detenidos y manifestaron ante los investigadores que habrían pagado 300 pesos por el certificado de buena conducta “trucho”. En este sentido, los voceros señalaron que evidentemente, las personas que presentaron una documentación apócrifa no pueden acceder a un certificado de buena conducta genuino y por consiguiente tienen antecedentes delictivos o fueron denunciados por un hecho ilícito.

Los investigadores continúan analizado 2.000 carpetas con irregularidades.