En la oportunidad se hizo entrega de 14 carpetas técnicas del relevamiento territorial de pueblos originarios que habitan en Tucumán, los cuales gracias a esta podrán reordenar las cuestiones legales en base a los espacios que ocupan. Además se le suma a esta acción, la suspensión de desalojo de las tierras en cuestión.   Este relevamiento fue llevado adelante por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Defensoría del Pueblo de Tucumán y la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia.   “Es gratificante poder trabajar de manera conjunta, en búsqueda de un orden que permita a los pueblos originarios tener un marco legal para poder proteger no tan solo sus tierras, sino también sus tradiciones y cultura”, dijo el secretario de Derechos Humanos, Humberto Rava.