El proyecto de ley ingresado la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación, que prevé la participación de los obreros en las ganancias netas de las empresas en las que trabajan, abrió un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno y los sectores industriales y empresariales del país.

La iniciativa, que es impulsada por el parlamentario kirchnerista Héctor Recalde, es fuertemente respaldada por el ala sindical más cercana al oficialismo, como lo es la Confederación General de Trabajo (CGT) que conduce el camionero Hugo Moyano.

Sin embargo, las voces críticas al proyecto no tardaron en hacerse escuchar en todo el país, y Tucumán no es la excepción.

Desde sectores vinculados a la industria y a la producción en nuestra provincia advierten que, de prosperar, la medida impulsada por el oficialismo nacional afectará negativamente a esas actividades.

Así lo expresaron a EL SIGLO el titular de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Felipe Salas y el Director del Área de Economía de la Fundación del Tucumán, Eduardo Robinson, quienes también coincidieron en que, si se aprueba en el Congreso, la medida perjudicará al país, privando a sus arcas del ingreso de capitales e inversiones.

Intervencionismo estatal y sindical

Salas consideró que "el espíritu del proyecto debería considerar beneficios mutuos, los cuales, hasta el momento, aparentemente no están considerados para la empresa", y agregó que "aunque así lo fuera, queda claro que se están violando los principios elementales de propiedad privada y por ende de seguridad jurídica".

El titular de la UIT recordó que "la distribución de la riqueza es un aspecto subjetivo, y nunca habrá partes plenamente satisfechas con ningún sistema".

Según el referente industrial, "en la microeconomía se deben considerar ganancias y pérdidas, al igual que las contingencias que el emprendimiento pueda generar por naturaleza propia, para lo que deberán considerarse las previsiones financieras y económicas". Además, señaló que "en un contexto macro, las reglas siempre deben ser muy claras y previsibles. Ello equivaldría al estímulo para el crecimiento en busca del desarrollo, lo que a través del tiempo dará los resultados positivos esperados", recalcó Salas, a la hora de puntualizar los aspectos que se deberían tomar en cuenta para proyectar medidas como la mencionada.

Por su parte, Robinson opinó que “una forma de avanzar hacia una genuina equidad en la distribución del ingreso debe basarse el diseño de políticas públicas en función de la productividad, donde se registre una menor carga en el sistema tributario con el objeto de menguar su carácter regresivo. Para ello el único camino es incrementar la inversión. Pero, con iniciativas como las que plantea el proyecto, es claro que no se crean los incentivos suficientes en este sentido, en que las empresas ganen más, para mejorar genuinamente los salarios ", argumentó.

Tras recordar que la iniciativa postula, además, la creación de los comités de control, el dirigente empresario sostuvo que "esta es la evidencia de un exceso intervencionismo estatal y sindical en las decisiones privadas".

En tanto, señaló como una alternativa a la propuesta kirchnerista "derogar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que en rigor no son ganancias, sino el salario mismo".

Por otro lado, Salas objetó la injerencia de control que recaería sobre gremialistas y delegados de trabajadores, quienes supervisarían, de acuerdo a la norma, el estado de cuenta de cada una de las firmas. "Ninguna medida que condicione la libertad en el manejo de cualquier emprendimiento será considerada atractiva para el inversor, si al momento de la dirección y manejo del mismo debiera rendir cuentas o compartir la conducción bajo la fiscalización de sus dependientes o sus representantes sindicales. Toda empresa debe y tiene la libertad de manejarse bajo la dirección de su creador, es el espíritu del empresario y su genialidad en el manejo de los negocios lo que da el resultado, ya sea el éxito o el fracaso", expresó el presidente de la UIT.

Para evitar lo que denominó como "un intervencionismo inhibidor", Robinson consideró oportuno adoptar mecanismos que promuevan la atracción de inversiones y orienten un dinamismo en la participación de la fuerza laboral, sin condicionar el desenvolvimiento empresario. En este sentido, dijo que es necesario "un esquema de gratificaciones consensuado con el Ministerio de Trabajo, mediante fórmulas que ponderen el salario del trabajador, su antigüedad, categoría, cargas de familia y algún elemento de tipo cualitativo sobre su desempeño”.

¿En defensa de quién?

Finalmente, las fuentes consultadas criticaron el accionar del sindicalismo por el apoyo dado a este proyecto de ley, al tiempo que pusieron en tela de juicio los intereses que éste defiende.

A propósito, el titular de la UIT dijo que "el desarrollo productivo se debe basar en el respeto mutuo de los factores”. Y graficó que “esto sería comparable al tránsito vehicular en una ruta donde circulan autos, micros y 'camiones' de gran porte. No por conducir una masa de 35 toneladas debe violar las normas más elementales, exponiendo la vida de otros que transitan con menor estructura pero con iguales derechos ante la vida. Los preceptos constitucionales deben ser honrados y defendidos para una justa distribución de derechos, que garanticen las libertades individuales", disparó.

Por su parte, Robinson advirtió que “los sindicatos deben contribuir y alentar para que haya un vigoroso proceso de inversiones, no obstaculizarlo. Deberían procurar que los trabajadores no paguen el impuesto inflacionario que es altamente regresivo y generador de pobreza. El sindicalismo no actúa genuinamente en defensa de los derechos del trabajador, sino de intereses particulares", remató.

La otra cara de la moneda

En tanto, en defensa del proyecto de ley se pronunció el Secretario de Trabajo de la provincia y referente de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Jiménez.

En diálogo con nuestro diario, el funcionario consideró que se trata de "una medida que siempre fue reivindicada por los representantes de los trabajadores y que cuenta con el pleno apoyo y consenso del movimiento, más allá de las diferentes fracciones que integran cada una de las cúpulas sindicales (CTA, CGT, ATE)".

A la vez, Jiménez refutó las quejas de los sectores industriales y empresariales contra la iniciativa: "No es sorpresa que los empresarios no estén de acuerdo nunca con esta medida, la que ni siquiera conocen en su profundidad. Primero deberían abocarse a manejar sus cosas de una manera transparente. Pero siempre hubo intereses sectoriales en donde el trabajador es el último eslabón de la cadena", lanzó.

Por último, Jiménez informó a nuestro diario que "va a venir próximamente el diputado Recalde para interiorizar al movimiento y a los sectores obreros sobre el proyecto que se está tratando en el Congreso".

A su turno, el titular de la CGT en la provincia, Ricardo Cáceres, recordó que "esta siempre fue una iniciativa buscada" por la central obrera, "porque tiene como objeto el bienestar y la distribución de la riqueza hacia los trabajadores". Además, apuntó que "no hay ningún empresario que quiera avanzar con esta iniciativa porque siempre están plegados con las corporaciones".

Sobre el particular, Cáceres dijo que la CGT espera "que la oposición apoye al oficialismo en este proyecto y no siga defendiendo a las corporaciones".

Aspectos claves del proyecto

r Se establece la distribución del 10 por ciento de las ganancias de las empresas con más de 300 trabajadores o que demuestren un alto nivel de rentabilidad.

r La distribución será en base a las utilidades anuales, descontado el pago de impuestos e inversiones.

r El reparto a cada trabajador se determinará en base a la antigüedad, categoría de convenio y el nivel salarial.

r Se exceptúa del convenio aquellos agentes que ocupen cargos directivos y gerenciales.

r El reparto estará exceptuado de pago de aportes y contribuciones patronales.

r El beneficio no se computará en el pago del Impuesto a las ganancias.

r Se constituirá un consejo tripartito compuesto por empresarios, trabajadores y funcionarios del Gobierno que tendrá injerencia en los rindes de las firmas.

r Se creará un fondo solidario (con una alícuota que puede ser de un 5 por ciento) destinado a los empleados más vulnerables o en negro.

r Quedarán excluidas las entidades sin fines de lucro, las sociedades cooperativas y los empleados jerárquicos cuyos salarios resulten cinco veces superior al promedio.