El informe sobre la Cuenta de Inversión es el trabajo en el cual el Tribunal de Cuentas reúne la tarea de sus auditores, que fiscalizan el modo en que el Poder Ejecutivo utilizó los fondos de la Ley de Presupuesto que la Legislatura aprobó.

El artículo 101 de la Constitución Provincial establece que es obligación del Ejecutivo remitir a la Legislatura la Cuenta de Gastos de la Provincia del año vencido y dar cuenta del uso y de la ejecución del Presupuesto. Por eso, la Contaduría General, cumpliendo la Ley de Administración Financiera, prepara la Cuenta de Inversión y la eleva al ente de control, que se encarga de estudiarla. Los contadores fiscales, luego, informan si lo consignado por los organismos del Estado reflejan razonablemente, o no, la situación presupuestaria de las cuentas y los rubros asignados. Ese análisis es remitido a la Cámara.

Detalles destacados

El acuerdo 3.024, de la Cuenta de Inversión 2008 señala que de los $ 7.823 millones autorizados para gastar ese año sólo se ejecutaron $ 6.700 millones. En rigor, ese "ahorro" de $ 1.123 millones no se trata de dinero guardado por el Gobierno sino de fondos que la Nación no remitió, pese a que estaban previstos. Por ello, se consigna que, en realidad, el superávit con el cual concluyó el ejercicio 2008 fue sólo de $ 96 millones.

El informe también observa que en las cuentas del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) figuran recursos no reintegrables que fueron anotados como deuda. Luego, su ejercicio 2008 consigna equivocadamente un incremento del pasivo.

La Cuenta de Inversión 2008 incluye un dictamen adverso sobre la Secretaría de Obras Públicas. "No presenta razonablemente los movimientos producidos en el Ejercicio Fiscal 2008, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley de Administración Financiera, su decreto reglamentario y demás disposiciones legales", se indica. El acuerdo agrega: "dentro del Plan de Trabajos Públicos, se habrían observado obras, que figuran sin ejecución, cuando en realidad se tratan de obras ejecutadas".

Al respecto, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, explicó que todo se reduce a las pautas de registración del Sistema de Administración Financiera y Contable (Safic), que sólo permite dar de alta una obra cuando la Nación completa la documentación, lo cual -aseveró- suele sufrir demoras.