Sobre la pena en cuanto al “delito de barrabrava” el texto apunta: “Se prevé, en su figura simple, una pena de prisión o reclusión de dos a ocho años”.

En cuanto a la figura simple, con conducta sin agravantes, ni atenuantes, el borrador apunta a aquel “formare parte, en forma abierta o encubierta, de una asociación o grupo de hecho que tenga por objeto apoyar a un club de fútbol, integrada por diez o más personas y que participare en sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos indeterminados, con motivo o en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o entrenamientos deportivos, antes, durante o después de realizados.

“Quedan comprendidos también los sucesos cometidos en los traslados desde o hacia el estadio o lugar donde se desarrolle el evento futbolístico”, afirma el texto.

En cuanto a la figura agravada, las penas y alcances sostienen que “para los fundadores, cabecillas, jefes u organizadores de estos grupos y todo aquel que obtuviere provechos, utilidades personales o económicas, el mínimo de la pena será de cuatro años de prisión o reclusión”.

“En todos los casos antes previstos, la pena de este artículo se aplicará sin perjuicio de aquellas correspondientes por otros delitos que de allí se deriven”, agrega el texto.

Por otro lado, sobre la tipificación del “delito de reventa de entradas”, sobre las penas que propone el texto sostiene que hay al “mantenimiento del actual sistema de penalización para las defraudaciones especiales (Art. 174 del Código Penal)”: la pena sería de dos a seis años de prisión o reclusión.

En su figura simple, el proyecto apunta a todo aquel “que, por cualquier medio, obtuviere o generare lucro a través de la reventa de entradas para un espectáculo masivo, ya sea de carácter artístico o deportivo, perjudicando al fisco al no tributar impuestos nacionales, provinciales, municipales y/o los correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquiera a sea la magnitud del fraude o el monto involucrado”.

En su figura agravada, las penas y alcances, datan de que “si en ocasión o con motivo de la reventa de entradas se produjeren alteraciones al orden público, o de probarse la participación o connivencia de persona responsable de la organización del espectáculo o si el autor se dedicare con habitualidad, el mínimo de la pena ascenderá a 3 años de prisión y su máximo se elevará a 8 años de prisión”.

Seguidamente, el borrador al que tuvo acceso este portal sostiene agrega: “Igualmente, tal como lo prevé el actual sistema de defraudaciones, en los casos de que el culpable fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”.

Por lo pronto, este martes el secretario de Deportes bonaerense, Alejandro Rodríguez y el director de Arba, Iván Budassi darán una charla titulada “Experiencia Británica en Seguridad en el fútbol” junto Chirs Whalley, Director de Seguridad de Estadios de la Asociación de Fútbol de Inglaterra.

Aún no confirmaron desde Gobernación quién y cómo se presentará esta Proyecto de Ley, ya que tiene que ser el Congreso de la Nación quien tiene competencia sobre estos temas. De todos modos, según pudo saber INFOCIELO, el Gobernador hará el anunció en los próximos días.