Así, puso en tapete una idea que su antecesor en el cargo, Santiago Montoya, ya había esgrimido en 2004, durante la gestión de Felipe Solá, aunque jamás se aplicó. Referente en las sombras, Martín Di Bella siempre le tuvo resquemor al cordobés que inauguró sillón. No sólo copió su estilo de ejecutar operativos con alta exposición pública; ahora, forzado por la necesidad de incrementar la recaudación propia, recurrirá pergeñada por el ex recaudador cordobés.

Para ponerla en práctica, hubo que impulsar una reforma a la Ley Nacional que estipulaba la pena de "prisión" para evasores de impuestos nacionales, aunque no para quien incumpla sus obligaciones fiscales con la Provincia de Buenos Aires. La reforma se impulsó durante la gestión de Felipe Solá, habilitando así ese tipo de castigo para los evasores de impuestos bonaerenses. No se trata, de todas formas, de una medida de fácil aplicación: para concretarse, hay que demostrar que hubo alguna maniobra específica para evitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Un ardid para estafar al fisco.

Montoya, a caballo de la impronta que le impuso a su gestión, al ejecutar medidas ejemplificadoras y hasta disuasivas, pidió públicamente meter presos a los evasores de impuestos bonaerenses. “A esta medida la venimos charlando hace un tiempo y ahora estamos impulsándola para equiparar la sanción por evasión impositiva con la prevista para el caso de los impuestos nacionales”, señalaba en 2004.

La “idea”, en realidad, surgió en la gestión de Felipe Solá, luego de que un Tribunal en lo Penal Económico de Capital Federal la impusiera una pena de prisión efectiva al empresario Oscar Ghilione, tras descubrir prestaciones engañosas de declaraciones juradas de IVA para ocultar la realidad de las operaciones de una empresa que controlaba.