El ministro de Trabajo de la Provincia, Oscar Cuartango, advirtió que si la Cicop no acata la conciliación obligatoria podría perder la personería gremial. Aún así, los médicos ratificaron el paro de 72 horas a partir de hoy y hasta el viernes, inclusive.
El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, dijo que la conciliación obligatoria constituye "una facultad que tiene la autoridad administrativa de aplicación en materia laboral, tanto en el orden nacional como provincial" y afirmó que "su no acatamiento coloca en una situación de ilegalidad el accionar, tanto del gremio como de los trabajadores".
El funcionario sostuvo que si las autoridades de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) "no acatan la conciliación obligatoria, exponen a su institución sindical a sanciones importantes y en una situación de riesgo a los trabajadores involucrados".
El ministro de Trabajo manifestó, en ese sentido, que "la medida de acción directa adoptada por ellos durante el período de conciliación obligatoria de 15 días hábiles queda totalmente deslegitimada".
"Se trata de un servicio esencial, como es la atención de la salud de la población", expresó el funcionario en alusión al trabajo que realizan médicos y profesionales.
Cuartango también se refirió a las posibles sanciones que podría recibir el gremio y dijo que "pueden ser pecuniarias, consistentes en multas cuyo monto está relacionado con el número de afiliados".
La cartera laboral, explicó, podría "elevar las actuaciones al ministerio de Trabajo de la Nación para que evalúe la suspensión o quitarle la personería gremial" al sindicato.
El lunes, la CICOP rechazó la conciliación obligatoria dispuesta en el conflicto salarial que lleva adelante el gremio y ratificó la medida de fuerza.
El sindicato, que ayer volvió a pedir un 40% de aumento salarial tras rechazar el 26,5% propuesto por el gobierno provincial, ratificó el paro de 72 horas que comenzará hoy en los 77 hospitales públicos del distrito.
La medida de fuerza fue confirmada junto a otro paro de 72 horas previsto para el 12, 13 y 14 de abril.
El presidente de Cicop, Hugo Amor, explicó que la Constitución de la provincia "sancionada en 1994 obliga al gobierno a conformar un organismo imparcial que intervenga en los conflictos que involucren a los gremios estatales".
"Esto se fundamenta en el principio de que no se puede ser a la vez juez y parte", expresó el dirigente, y manifestó que la cartera laboral "no puede pretender actuar como árbitro o componedor entre las partes, cuando el conflicto involucra a gremios estatales, porque claramente es el representante de una de las partes, esto es, del Estado provincial".
La cartera provincial, en tanto, volvió a citar para hoy a las 10 a una nueva audiencia de conciliación para intentar destrabar el conflicto.
CONTROLES
La pulseada en la que se embarcó el Gobierno con los profesionales de la Salud en medio de una tirante negociación salarial, escribirá otro capítulo hoy cuando en medio de la medida de fuerza que los trabajadores ratificaron pese a la 'conciliación obligatoria', la cartera que conduce Cuartango envíe inspectores a los Hospitales públicos que controlarán la asistencia de los profesionales. Esta vez, a diferencia de protestas anteriores, además de 'descontar' el día no trabajado, la adhesión al paro podría traer aparejado otro tipo de sanciones para quienes se plieguen a la medida de fuerza en los hospitales públicos de la Provincia.
De esa forma, controlarán -junto a los representantes del Ministerio de Salud bonaerense- la asistencia de los médicos, ante lo que consideran una medida de fuerza ilegal tras la declaración de la Conciliación que prohíbe a los gremios ejecutar medidas de fuerza mientras dure la negociación.
Ayer el propio ministro de Trabajo anticipó que la decisión de desoír la resolución oficial, podría terminar con una fuerte sanción al Sindicato que nuclea a los trabajadores de la salud, que podría terminar -incluso- con la pérdida de su personería gremial.
El ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, dijo que la conciliación obligatoria constituye "una facultad que tiene la autoridad administrativa de aplicación en materia laboral, tanto en el orden nacional como provincial" y afirmó que "su no acatamiento coloca en una situación de ilegalidad el accionar, tanto del gremio como de los trabajadores".
El Ejecutivo respaldó la 'conciliación obligatoria' dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, en una resolución judicial, ante una presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado, que validó la condición de 'árbitro' en el conflicto de la cartera que conduce Cuartango, hasta tanto se avance en la conformación de un cuerpo específico para esa tarea.
Desde ATE, no obstante, el titular de esa entidad sindical, Hugo Cachorro Godoy, rechazó la explicación oficial, al asegurar que el fallo al que recurre la Provincia para dictar la conciliación "fue apelado, y por lo tanto no está firme".
Cuartango sostuvo que si las autoridades de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) "no acatan la conciliación obligatoria, exponen a su institución sindical a sanciones importantes y en una situación de riesgo a los trabajadores involucrados".
El sindicato volvió a pedir un 40 por ciento de aumento salarial tras rechazar el 26,5 propuesto por el gobierno provincial en una reunión de conciliación.
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